"El problema de fondo es un proceso de descentralización mal implementado", dice Tuesta. (Foto: GEC)
"El problema de fondo es un proceso de descentralización mal implementado", dice Tuesta. (Foto: GEC)
David Tuesta

La conocida parábola de los talentos, contenida en el Nuevo Testamento, presenta uno de los mensajes más poderosos respecto a lo que significa uno de nuestros roles en la tierra: el deber de hacer el uso más productivo con lo que Dios nos dotó. En dicha parábola, el amo, que habiendo repartido a sus siervos un número de talentos, termina quitándoselos a aquel que no hizo nada para dárselo al que produjo más. ¿Cómo entender esta parábola trasladándola al caso de los distritos mineros, “bendecidos” con exorbitantes transferencias del canon y que son incapaces de atender las demandas de su población?

La evidencia no deja duda. Los diez distritos mineros más ricos, que reciben las mayores transferencias por canon, se vienen comportando igual o peor que el siervo al que castigó el amo en la parábola. Solo estos distritos tienen un presupuesto para el 2022 superior a los S/3 mil millones, pero solo han ejecutado a noviembre el 34%. Esto, además de ser una vergüenza absoluta, manifiesta el poco interés en su población, en su pueblo. ¿Qué beneficios podrían haber otorgado a la población si se usara sabiamente los mismos? Miremos solo los casos de San Marcos en Áncash, y el de Yarabamba en Arequipa. En el primero de los casos, con solo el 24% de los recursos no ejecutados se podrían cerrar los requerimientos totales de inversión para atender los servicios de agua, alcantarillado y electricidad. El segundo caso requeriría el 58% de los recursos no ejecutados.

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Pero bueno, uno podría pensar que al menos, con lo poco que pueden ejecutar, la cosa marcha bien. Pues no, para nada. Viendo la ejecución física de las obras, concluimos con preocupación que hay una falta de rendición de cuentas. En efecto, estos diez distritos mineros que disponen abundante presupuesto del canon no cumplen con informar el avance físico en el 38% de sus inversiones cuando están obligados a hacerlo. Es decir, hacen lo que quieren sin importarles el ciudadano. El mayor incumplimiento de reporte de esa información se observa en los distritos de Chimbote en Áncash y Yarabamba en Arequipa, con el 66% y 53%, respectivamente.

Pero, bueno, quizá tengamos suerte al analizar las inversiones que cumplen con informar el avance físico. Pues nada tampoco. Lamentablemente, se observa un progreso promedio que oscila entre 41,5% y 78,4%. Cabe indicar, además, que se manifiestan diferencias entre el avance físico y el financiero, que pueden llegar a los 30 puntos porcentuales, como es el caso de la Municipalidad de Coronel Gregorio Albarracín en Tacna. En general, se aprecia que las estadísticas de avance financiero suelen sobredimensionar el real avance de la obra, la cual suele ir muy rezagada.

Todo lo anterior trae como resultado un serio problema en términos de retrasos en la entrega de las obras y sobrecostos. Se ve, por ejemplo, que el distrito de Yarabamba presenta el mayor retraso promedio con 284 días, mientras que San Marcos muestra sobrecostos de casi el 100% del valor inicial.

Pero una de las consecuencias más terribles de todo esto son las obras paralizadas que quedan ante la vista ciudadana como una muestra de la monumental indolencia del Estado. De acuerdo con la Contraloría General de la República, a noviembre del 2022 existen 2.784 obras paralizadas por un valor de S/14.897 millones, un importe que equivale a 1,7% del PBI 2021. Viendo el caso de los diez distritos mineros más ricos, se registran 113 obras paralizadas con un monto de inversión de S/885 millones. Destaca el caso de la Municipalidad Provincial de Espinar en Cusco (39 obras por S/490 millones), seguido por la Municipalidad Distrital de San Marcos en Áncash (27 obras por S/150 millones). ¿Qué hacemos?

El problema de fondo es un proceso de descentralización mal implementado que interactúa con un pésimo esquema de distribución del canon que no responde a las necesidades urgentes de la población. No se debe privilegiar la presencia de un esquema supuestamente inclusivo de descentralización, pero que mantiene a la población como víctimas inermes, sin recibir mejoras en su bienestar, cuando existen los recursos financieros para ello. Si se quiere empezar a dar pasos hacia una solución, se necesita, por lo menos, asegurar que las autoridades en estos distritos acrediten las capacidades suficientes para llevar a cabo tremenda responsabilidad de ejecutar urgentemente las obras públicas.

Así, siguiendo la parábola de los talentos, hace tiempo que se les habría dispensado de la responsabilidad de gestionar multimillonarios recursos a varios distritos mineros que no hacen su trabajo, para dar el encargo a unidades especializadas que cuenten con personal capaz y que usen de las mejores prácticas internacionales, como en el caso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es necesario poner al ciudadano como prioridad. Se requiere un esquema que realmente funcione.

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