Parlamento Europeo da luz verde a la Ley de Chips con la que UE quiere reducir su dependencia de Asia

El Parlamento Europeo (PE) dio este martes su visto bueno definitivo a la Ley Europea de Chips con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores hasta cubrir el 20 % de la fabricación mundial y reducir así su dependencia de Asia para unos componentes clave en el desarrollo tecnológico.

La Eurocámara aprobó con 587 votos a favor, 10 en contra y 38 abstenciones el acuerdo político alcanzado en abril con los Estados miembros sobre la ley, con lo que esta podrá entrar en vigor cuando los países den también luz verde, previsiblemente a finales de verano.

“Nuestro objetivo es fortalecer la posición de la UE en el panorama global de semiconductores y atajar las vulnerabilidades en las cadenas de suministros expuestas por la pandemia”, dijo el responsable parlamentario de la legislación, el socialdemócrata rumano Dan Nica, en el debate previo a la votación.

La ley, organizada en tres pilares, prevé aumentar la capacidad de fabricar chips en territorio europeo, incluidos aquellos de vanguardia, consolidar el liderazgo europeo en investigación en semiconductores y favorecer el traslado de estas innovaciones al mercado, así como vigilar mejor las cadenas de suministros para anticipar crisis y responder a ellas.

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Estará dotada con 3.300 millones de euros del presupuesto europeo, pero la Comisión Europea calcula que permitirá movilizar unos 43.000 millones de euros al atraer otras inversiones públicas, por ejemplo del fondo de recuperación pospandemia, y privadas.

La UE espera reducir así su dependencia de Taiwán y Corea del Sur, que tienen casi un duopolio mundial en la fabricación de chips - producen el 100 % de los más avanzados - y entrar en la carrera global por impulsar un sector al que China, Estados Unidos y Japón destinarán subsidios milmillonarios en los próximos años.

Para aumentar la manufactura de chips, la ley europea prevé identificar fábricas “primeras en su género” por sus procesos de producción o su nivel de innovación, que se beneficiarán de ayudas públicas adicionales y procedimientos administrativos acelerados.

Entre estas podrán incluirse aquellas que produzcan equipamiento para fabricar chips, un sector dónde la UE cuenta con empresas líderes. También se beneficiarán de apoyo público adicional aquellos centros de diseño de chips que reciban un sello de “excelencia”.

Por otro lado, con el fin de favorecer la investigación en chips de última generación y la salida al mercado de las innovaciones, la ley prevé crear líneas piloto en las que experimentar con semiconductores avanzados a las que tengan acceso prioritario las grandes fábricas, así como apoyar el desarrollo de chips cuánticos y facilitar que pequeñas empresas obtengan financiación.

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“Hubo momentos en los que Europa solo invertía en investigación y deslocalizaba la producción: ese tiempo acaba ahora. Necesitamos inversiones masivas en nuestra base industrial”, dijo el comisario de Industria, Thierry Breton, quien defendió que “no es solo cuestión de competitividad, sino de seguridad y soberanía tecnológica”.

Así, la ley creará también un mecanismo de coordinación entre Comisión Europea y Estados para monitorizar las cadenas de suministro con el fin de anticipar problemas de abastecimiento y tomar medidas de emergencia en caso de crisis.

En ese escenario, Bruselas podría exigir a las empresas información sobre la situación de su producción, las factorías “primeras en su género” estarían obligadas a dar prioridad a los pedidos que la UE considere relevantes para responder a la crisis, y la Comisión Europea podría comprar chips en nombre de los Veintisiete.

Las empresas que incumplan se enfrentarían a sanciones de hasta 300.000 euros por no proporcionar información o multas periódicas de hasta el 1,5 % de su facturación diaria por no respetar los pedidos prioritarios.