El Estado español comprará el 10% de las acciones de Telefónica

El Gobierno español aprobó este martes en el Consejo de Ministros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica, lo que la convertiría en el primer accionista de la operadora, según ha informado la sociedad estatal mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo con información del diario El País.

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Cuando se complete la operación, el Estado volverá al capital de Telefónica 26 años después de su completa privatización, tendrá derecho a uno o dos miembros en el consejo de administración y se convertirá en el primer accionista por delante de BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y el fondo BlackRock. A precios de mercado, esta participación está valorada en alrededor de 2.000 millones de euros. El Ejecutivo ha justificado la operación por el carácter estratégico de la multinacional española y los contratos que mantiene en el área de defensa.

La decisión se produce tras la entrada en el capital de la compañía STC, la operadora estatal saudí, que en septiembre anunció la compra del 4,9% del capital con opción a otro 5% a través de instrumentos financieros convertibles.

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El movimiento provocó entonces un terremoto financiero y político. Tomó por sorpresa tanto al consejo de administración de Telefónica como al Gobierno, que debe dar luz verde para que los saudíes completen la toma del 9,9%. Desde entonces, varios miembros del Ejecutivo, con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a la cabeza se han comprometido a aplicar “todos los mecanismos necesarios” para defender “los intereses estratégicos de España”. Y, entre esos mecanismos, ya se admitió a finales de octubre la posible entrada de la SEPI en el capital.

Pronunciamiento de Telefónica

Por su parte, el consejo de administración de Telefónica se pronunció, tras el anuncio de la SEPI, con un escueto comunicado en el que señala que “la compañía manifiesta que continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, recientemente aprobado y comunicado a través del Capital Markets Day del pasado 8 de noviembre de 2023, para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes”. Por su parte, sus máximos accionistas —BBVA y CaixaBank junto con Criteria, el brazo inversor de la Fundación “la Caixa”— han declinado realizar comentarios.

Razones del Gobierno español

Desde que se completaran, principalmente en las décadas de los ochenta y los noventa, la privatización de las grandes compañías públicas como Endesa, Tabacalera, Argentaria, Iberia o la propia Telefónica, ningún Gobierno había llevado a cabo un movimiento de este calado, tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. En este sentido, el Ministerio de Hacienda, del que depende la SEPI, ha apelado para acometer la operación al “interés nacional” y a la necesidad de dotar a la empresa de una “estabilidad accionarial”.

“La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales”, ha indicado Hacienda en una nota de prensa.

“Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa”, agrega el comunicado del departamento que dirige María Jesús Montero.

Hacienda también resalta que Telefónica “también está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa y proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior, contando, por tanto, con un sólido posicionamiento en este sector”.

Operación financiera

Desde el punto de vista financiero, la SEPI no podrá acometer con sus propios fondos la operación, por lo que tendrá que pedir un préstamo al Estado. En 2022, perdió 65 millones y apenas contaba con una caja de 454,69 millones. Además, su capacidad para endeudarse está limitada por los Presupuestos del Estado y, para 2023, el tope es de 320 millones, por lo que precisará una autorización especial del Ministerio de Hacienda.

Además, la SEPI deberá ser muy cauta en la compra de acciones para no disparar la cotización y, con ello, incrementar el coste de la operación. Para ello, la sociedad estatal, como ya ha admitido a la CNMV, prevé realizar pequeñas adquisiciones dilatadas en el tiempo de forma similar a cómo incrementó su participación del 18% al 28% en Indra.

Una vez que se complete la compra de la SEPI, el Gobierno tendrá manos libres para autorizar la toma del 5% adicional del capital de Telefónica por STC, que aún no ha tramitado el permiso ante el Ministerio de Defensa para alcanzar el 9,9%. La operadora, participada por el fondo soberano saudí PIF, podrá entonces pedir como mínimo un puesto en el consejo de administración.