Más de un tercio de los municipios en Lima siguen sin adecuar sus procedimientos a las normativas vigentes desde hace tres años y continúan retrasando la instalación de antenas de telefonía móvil, informó CpR (Contribuyentes por el Respeto).
La ley respectiva, explicaron, existe desde hace 10 años pero es recién desde hace tres años que se publicó una norma de automatización del proceso que se esperaba acelerara el despliegue de infraestructura. Sin embargo, no se han logrado concretar todas las inversiones de los operadores pues se mantienen las trabas administrativas y al menos el 30% de las entre 50 y 80 solicitudes de montado de antena son trabadas.
Según un informe elaborado por CpR, las municipalidades siguen imponiendo las mismas exigencias que exceden el marco legal vigente. "El nuevo marco institucional sobre barreras burocráticas debería consolidar la correcta implementación de la normativa sectorial", resaltaron.
Específicamente en cuanto al TUPA, dijeron que se requiere que los municipios adecuen su contenido a los requisitos legales. "De las 42 municipalidades analizadas, más de un tercio (17) no regulan de manera óptima los procedimientos requeridos", recalcaron.
CpR informó que existen al menos cuatro municipios que sí han mejorado e incorporado los procedimientos tal como lo exige la ley. La mayoría, detallaron, omite al menos alguno de los pasos para regular los procedimientos de autorización, adecuación o ampliación de infraestructura.
El Indecopi, recordaron, ha declarado que seis municipalidades han incurrido en barreras burocráticas ilegales en temas de zonificación. Sin embargo, la barrera más recurrente es el desconocimiento de la aprobación automática de las autorizaciones para instalar infraestructura. Durante el 2017, agregaron, nueve municipios han recibido la declaración de ilegalidad por Indecopi. (una de ellas fue parcial).
De las 36 resoluciones de Indecopi que revisaron, comprobaron que el operador con mayor número de demandas iniciadas es América Móvil (22). Luego están los procedimientos iniciados de oficio (12) y finalmente, los planteados por Torresec (4).
El país, recalcaron, necesita al menos tener más de 36 mil estaciones base para atender la base de usuarios existentes (según cálculos de Afin) pero eso no se logrará si siguen existiendo todas estas trabas.
Algunas de las medidas que proponen como solución van desde la creación de un manual de buenas prácticas por parte de las torreras (empresas que montan antenas) para adelantarse a los problemas hasta aprobar un nuevo plazo para regularizar la infraestructura ya montada sin haber completado los formularios debidos. También proponen que desde el Estado se fomente el uso compartido de infraestructura.