(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Marcel Ramírez La Torre

¿Qué es primero, la reforma laboral o la mejora de la competitividad y productividad del país? ¿Es reducir la informalidad el objetivo de una reforma laboral? ¿Por qué debe implementarse una ? En este momento, es fundamental responder correctamente a estas interrogantes pues ello definirá el mejor diseño (contenido y oportunidad) de dicha reforma.

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Debe quedar claro que el rediseño de la institucionalidad laboral, conocida como “reforma laboral”, no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el objetivo de mejora sostenida de la competitividad y productividad del país y por ende de los ingresos per cápita de los peruanos (de su nivel de vida); pasar del crecimiento al desarrollo. Por otro lado, como todo fenómeno social y económico, la informalidad laboral es resultado de diversos factores, siendo la institucionalidad laboral sólo uno de ellos. 

Por ello, diseñar la institucionalidad laboral para reducir la informalidad es incorrecto. Lo que debe suceder es que, fijando como norte los objetivos de mejora de la competitividad y productividad, las distintas formas de crear empleo formal serán una variable endógena, es decir, se definirán en términos de los objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo. La institucionalidad laboral debe propiciar el apuntalamiento del crecimiento potencial junto con otras políticas como educación, salud, seguridad, etc.

Lo que sabemos hoy es que se han llevado a cabo diversos intentos de ajustes a las normas laborales con el fin de reducir la informalidad laboral, sin éxito. Aquí está el error de concepción. La normatividad laboral es un instrumento que debe contribuir a la mejora de la productividad y competitividad del país en el mediano plazo. Estas mejoras, junto con las demás políticas, generarán paulatinamente mejoras de la productividad y con ello en las condiciones laborales de los trabajadores, el aumento del producto potencial del Perú y así se retroalimenta un círculo virtuoso de productividad, formalización, crecimiento y desarrollo. 

La clave aquí es identificar y conceptualizar correctamente el problema que se desea resolver e identificar sus causas reales. Seguir impulsando “reformas” laborales pro-formalizadoras que sólo se enfocan en reducir los “costos laborales” no ayuda a que los ciudadanos (principales aliados de las autoridades) comprendamos que debemos ver más allá de dichos “beneficios o derechos” en el corto plazo para ver mejoras de mediano plazo en ingresos, nivel de vida con seguridad social en salud y pensiones, formalización y así sucesivamente.

El lenguaje de nuestras autoridades debe orientarse a que los ciudadanos de hoy comprendamos nuestro aporte a lograr mejoras de mediano y largo plazo. Sólo crear expectativas de mejoras en “derechos laborales” en el corto plazo generará más fricción, polarización, descontento y frustración, distanciando aún más a los ciudadanos de sus autoridades y debilitando la ya deteriorada confianza que existe entre ellos.