Concesiones, fondos y banco de proyectos, por Alberto Pascó Font

Cuando se creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri) a inicios de los años noventa (la antecesora de lo que hoy es Pro Inversión), se le dotó del Fondo de Promoción de la Inversión Privada (conocido como Fopri). Este capital tenía como función financiar las actividades de promoción de la inversión privada en el país.

El fondo nació con un aporte del Banco Mundial. En un principio, su principal fuente de ingresos eran los propios recursos invertidos en un proceso de promoción de la inversión privada. Cada vez que se otorgara una concesión o se vendiera una empresa o activo público, se pediría al ganador de la concesión o al comprador que devolviera los recursos invertidos en el proceso de manera que regresaran al fondo. De esta manera, el fondo no se agotaría, sino que se renovaría con el ciclo de los proyectos.

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Dependiendo del proyecto, los gastos incluían al asesor de transacción o banco de inversión, los estudios técnicos requeridos, estudios sociales y ambientales, tasaciones, etc. Así, Copri (hoy Pro Inversión) tenía la autonomía presupuestal para invertir en los gastos previos a un proyecto.

La preparación de una concesión requiere de muchos recursos por uno o dos años antes de que se pueda licitar el proyecto. No siempre el sector cuenta con los recursos para hacer los estudios de factibilidad o perfil para, por ejemplo, hacer una carretera.

En algunos casos, así los tuviera, no siempre querría destinarlos para un proyecto que va a ser concesionado y, por tanto, quedar fuera de su ámbito. Especialmente a principios de la década de 1990, el Fopri fue instrumental en poder lanzar el proceso de promoción de la inversión privada y sufragar todos los estudios necesarios.

Lamentablemente, este fondo no ha sido intangible a lo largo del tiempo. Al depender del Ministerio de Economía y Finanzas, al menos dos veces, una en el 2001 y otra recientemente, los recursos acumulados en el fondo han sido transferidos para aliviar las presiones del déficit fiscal. Con esto se ha afectado la capacidad para preparar estudios de lo que sería un banco de proyectos, en desmedro de la labor de promoción de la inversión privada.

Si bien no tiene sentido mantener una cantidad elevada de recursos en el fondo, tampoco lo tiene drenarlo por debajo de cierto límite. Es necesario determinar el monto mínimo que debe tener este fondo para mantener un ritmo saludable de estudios para un flujo razonable de proyectos.

Los recursos por debajo de este monto deberían ser intangibles e intransferibles. De otra manera se afectará negativamente la labor de Pro Inversión. Hay que recordar que los estudios, sobre todo en el caso de proyectos de gran envergadura, son muy costosos y demoran varios meses o hasta años en culminarse.