Lo acontecido esta semana agrava el complejo panorama en el país. Son prácticamente nueve meses de incertidumbre e inestabilidad, con una seria afectación para nuestra economía y el bienestar de la población.
La inamovilidad en Lima y Callao que generó pérdidas estimadas en S/ 1.000 millones o las pérdidas por los dos días de paro que en nuestra región oscilaron entre S/ 120 y S/ 150 millones, pese a que el Perú necesita trabajo y acelerar la reactivación socioeconómica, son consecuencia de una gestión que no ha podido definir el rumbo estratégico del país.
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Esta es una gestión que ha tenido medio centenar de ministros cuyos continuos cambios han debilitado el aparato estatal y ocasionado una falta de continuidad en las políticas públicas.
Ha sido la falta de capacidad del Gobierno la que permitió que la violencia escale hasta amenazar con la paralización del país. El riesgo de que se repitan situaciones similares es latente ya que no se ha conseguido una solución definitiva a la crisis, entre otras razones, por falta de cuadros técnicos y de estrategia.
En ese contexto, vemos con preocupación que se escuchen voces planteando el cambio de la Constitución política. Sin duda, un aprovechamiento político de la coyuntura. Esto provoca intranquilidad en la ciudadanía y los agentes económicos, al advertir un potencial riesgo de cambio en las reglas instituidas.
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En lo que respecta al alza de costos y precios que han acumulado un alza de 7,45% anual, no todo es atribuible al entorno externo. Los efectos externos positivos, negativos y mixtos como, por ejemplo, los generados por el incremento en el alza de los precios de los metales o el conflicto entre Rusia y Ucrania, impactan en el país. Sin embargo, es responsabilidad del Gobierno diseñar y aplicar una estrategia viable técnicamente para responder a estos impactos.
Para promover el empleo formal y luchar contra la pobreza, el Estado debe fomentar las inversiones en sectores clave como la agroexportación y minería, entre otros. Una oportunidad para el país son los altos precios del cobre.
Asimismo, evaluar la transformación de la matriz energética y acelerar la masificación del gas a nivel de región y del país, así como, ir mirando a largo plazo tecnologías de energía solar y eólica.
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Además, debe enfrentar frontalmente la corrupción, grave problema que urge erradicar porque debilita la institucionalidad y la democracia, desalentando la inversión y afectando el desarrollo del país.
En medio de esta crisis política y social, se estima un nulo crecimiento de la inversión privada en el país. Además, la nueva medida anunciada del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.025 conllevaría a un deterioro del empleo formal afectando principalmente a las MIPYME que representan el 99,6% del tejido empresarial formal.
En ese marco, el rechazo a la gestión del jefe de Estado crece, según Datum, de 67% a 76%, entre propuestas que plantean nuevas elecciones, vacancia y dimisión.
El llamado es a privilegiar el interés nacional y actuar con madurez política para consolidar el desarrollo sostenible e inclusivo del país.