Demandas embalsadas, por David Tuesta

La entrada a los 90s significó un cambio de dirección importante en la estrategia de crecimiento peruano. Luego de años en el que el país vivió la implementación de fuertes políticas intervencionistas y estatistas, la introducción de un modelo económico que abrazaba al funcionamiento del mercado, la apertura comercial y reglas de estabilidad macroeconómica, permitieron al país transitar hacia una senda de mayor prosperidad y estabilidad, reflejado no sólo en las frías cifras de actividad productiva sino también en mejoras incuestionables en sus indicadores sociales.

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Hasta antes de la pandemia, la economía peruana mostraba un crecimiento promedio cercano al 5% desde principios de siglo, aunque es cierto que venía desacelerándose. En este entorno, la tasa de pobreza se redujo prácticamente a la mitad, ubicándose en 20% en 2019, con mejoras en paralelo en la distribución del ingreso. Siguiendo a los hallazgos de la literatura económica, las mejoras en los indicadores sociales respondieron en cerca del 80% al crecimiento económico persistente en el tiempo. Pero estas ganancias se han quedado a mitad de camino como consecuencia de la “pereza” manifiesta de nuestros líderes políticos, que prefirieron vivir de los avances previos mientras evitaban los esfuerzos necesarios para generar consensos e impulsar reformas que impulsen nuestra productividad. De hecho, varios estudios, entre ellos del Banco Central, señalan la disminución del aporte de la productividad en el crecimiento potencial.

Las reformas iniciales en el ámbito de la estabilidad macroeconómica, referidas a las instituciones fiscales y monetarias, han ido consolidándose con el tiempo. El tránsito hacia una economía de mercado que dejo atrás el excesivo dirigismo estatal -reflejado en empresas estatales mal gestionados, elevado proteccionismo y controles de precios- permitió un modelo de asignación superior de los recursos en favor de la sociedad, que se vio luego reforzado con una mayor apertura externa al comercio exterior, que llevo esta asignación a un nivel superlativo. Sin embargo, estas mejoras en el mecanismo de asignación han quedado truncadas, recayendo la culpa en las pendientes reformas regulatorias y de funcionamiento del Estado. Ausencia de reformas que limitan que el país sea más competitivo y que los beneficios del mayor crecimiento se trasladen en mayores mejoras en favor del ciudadano.

Así, si bien es innegable que el Perú es hoy un país menos pobre y mas equitativo, también es cierto que hay un conjunto importante de demandas ciudadanas que no se han podido atender: demandas embalsadas. No sólo durante la pandemia, sino desde hace bastante tiempo, la población ha venido manifestando su enorme insatisfacción por la elevada corrupción, la incesante inseguridad ciudadana, la falta de empleo adecuado, la pobre atención en salud, el pésimo servicio educativo y las dificultades del transporte que lleva a perder valiosas horas. Y, junto con ello, el apoyo al sistema democrático ha venido debilitándose. Hoy en un escenario de pandemia, donde el país debe recuperar la senda de crecimiento, buscar la recuperación de millones de empleo que se perdieron y darle vuelta al fuerte incremento que ha tenido la pobreza del país en casi 10 puntos en un solo año, será necesario desplegar con mucha fuerza un buen paquete de políticas sociales que alivie la situación de vulnerabilidad ampliada. Pero, y después de los bonos y demás políticas activas que se pongan en marcha, ¿qué?; ¿qué hacer para retomar esa senda de crecimiento persistente que el Perú requiere para proveer prosperidad real en el tiempo?

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El primer paso es evidente. Ni por asomo pensar en desandar lo alcanzado. Renunciar a la asignación de mercado y retomar a las políticas “estatistas-intervencionistas-proteccionistas” del pasado sería un error. De eso ya hemos tenido consecuencias desastrosas, y la evidencia de la literatura internacional es más que clara. Un país en vías de desarrollo como el Perú no puede tomar esa vía suicida. Pero, por otro lado, si se requiere un buen Estado, que ayude a colmar esas expectativas pendientes que vienen petardeando los fundamentos económicos y democráticos. Se requiere un Estado que mejore sustancialmente la asignación de los beneficios de estas ganancias económicas a la sociedad a través de la reforma de una mejor regulación y gestión pública.

Por ejemplo, en el ámbito regulatorio, uno de los problemas urgentes es el de la informalidad, que si bien es un problema multidimensional tiene un vector explicativo de mala asignación de sus recursos como consecuencia de una también mala regulación laboral. Una regulación que lleva a elevados sobrecostos a la contratación que sólo permite que algo más del 25% de la PEA tenga empleo en buenas condiciones, mientras que, para la inmensa mayoría de peruanos, ese empleo en buenas condiciones es inalcanzable. Aquí el tema es sincerar el mercado, porque sino aspirar al acceso de empleos decentes será siempre una utopía. No es fácil, claro está. Se requiere un serio consenso político.

Y la gestión pública requiere también un fuerte “upgrade” que alinee adecuadamente los incentivos entre recursos recibidos y eficiencia en la atención de esas demandas que la población está cansada de reclamar. Como ya se ha evidenciado, el gran problema de la mala atención de las necesidades ciudadanas no es sólo un tema de la baja recaudación tributaria estructural que registra el país, sino sobre todo un problema de mala ejecución de los recursos disponibles; y, además, de lo poco que se ejecuta, no son pocos los casos en que se presentan servicios de mala calidad sobre los que la población se indigna con razón. Aquí hay dos tareas hercúleas -para comenzar- que un próximo gobierno con un mínimo grado de sensatez tendrá que enfrentar con decisión. No abordarlos podría condenar al país -si es que ya no lo está- a un espiral peligroso de retroceso en todos los ámbitos.

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