La Mirada: Reforma y crecimiento

* Texto escrito en coautoría con Oscar Sumar, Decano de Derecho de la Universidad Científica del Sur.

Este año, el PBI real per cápita caerá por primera vez (excluyendo el año de pandemia 2020) desde el 2001. Este indicador ha crecido de manera sostenida a una tasa anual promedio de 3,4% desde entonces: el PBI real per cápita del 2022 duplica al registrado en el 2001. Este desempeño es, en buena cuenta, un reflejo de muchas reformas estructurales iniciadas en los años noventa y consolidadas a inicios del nuevo milenio.

En la década de 1990, muchos países emergentes adoptaron reformas estructurales orientadas a establecer una economía más libre y funcional, basada en tres pilares: estabilidad macroeconómica, libertad económica (libre asociación, contratación e intercambio) y el respeto a la propiedad privada.

En el caso del Perú, las reformas devolvieron a la ciudadanía muchas de las libertades económicas que les fueron arrebatadas en la fallida aventura estatista de 1970 y 1980. Tres décadas después, a pesar de indiscutibles avances sociales como una reducción sin precedentes en las tasas de pobreza, varios de estos países se encuentran aún en el camino al desarrollo. En general, los países que más profundizaron en sus reformas son los que muestran los mejores resultados.

El Perú ha tenido logros importantes en el pilar de estabilidad macroeconómica. El BCRP es reconocido como una isla de eficiencia en el sector público. Las leyes de transparencia y prudencia fiscales han contribuido también, en líneas generales, a una cultura de responsabilidad en el manejo de la política fiscal. Siempre se mantiene vigente el reto de que estos buenos resultados se deban a una institucionalidad “orgánica” y no necesariamente a las personas que han conformado estas instituciones.

Respecto del segundo pilar, también se dieron importantes avances en la liberalización del comercio y de los flujos financieros. Donde antes había una empresa estatal, ahora existen diversas empresas ofreciendo sus bienes y servicios, muchas de ellas con inversión extranjera. Sin embargo, regulaciones excesivas pueden generar trabas al surgimiento o mantenimiento de alternativas más competitivas. Viene a la mente el caso de Virgin Mobile, que se retiró del Perú en el 2022 escapando de excesivos costos regulatorios. En otros mercados como el de las universidades, la regulación redujo la oferta privada a la mitad, sin que sea evidente que la calidad del servicio haya mejorado en el agregado.

El tercer pilar es el que más nos preocupa. Si bien existen protecciones contra expropiaciones ‘formales’, existen también otros riesgos a la propiedad en el Perú: regulaciones o impuestos expropiatorios, delincuencia –tanto común como vandalismo político– y ausencia de protección judicial efectiva. Sin garantías de la apropiación del fruto de nuestro esfuerzo, se eliminan los incentivos para invertir y producir, tal como ha sido ampliamente comprobado por el fracaso de los países socialistas. Un país donde se queman minas impunemente, donde un ministro amenaza a la ligera a una empresa con nacionalizarla, donde las empresas agrarias entran en paro indefinido, donde las personas deben colocar un cartel de “no se vende” en sus casas o terrenos para evitar fraudes, o, incluso, donde una regulación puede impedir continuar con un negocio es un país que difícilmente podríamos decir que protege la propiedad privada.

Se cree que el Perú pasó de ser un país intervencionista a una economía excesivamente liberal. Incluso, muchos de nuestros males se atribuyen a ese supuesto “neoliberalismo”. Lo cierto es que el Perú pasó de ser una economía planificada y decadente a una economía relativamente abierta, pero con instituciones débiles que fallan en proteger la propiedad, y un exceso de regulación con tintes mercantilistas que ahoga los mercados. Esta relativa apertura fue como darle un vaso de agua a un moribundo en el desierto. Sin embargo, estamos lejos del ideal y ese limitado impulso parece haberse agotado. Se requieren reformas que no estamos pensando como país, distraídos en la coyuntura política. Ahora que tenemos perspectivas débiles de crecimiento económico a mediano plazo, quizá sea un buen momento para reconocer que es indispensable retomar el ímpetu de consolidar los pilares para la economía más libre y funcional.

Mirando hacia adelante, quizá la reforma más relevante y urgente involucre al sistema de justicia. Por un lado, tener un buen sistema de justicia reduciría la necesidad de regular cada aspecto de nuestras vidas. Además, aunado a programas efectivos para combatir la delincuencia, constituirían garantías mínimas de protección a la propiedad que podrían restablecer la confianza que tanto inversionistas como ciudadanos parecen haber perdido. Hace poco, Migraciones reveló la preocupante estadística de que el número de peruanos emigrando se triplicó en el 2022, tras una década de reducción. Este “voto con los pies” de varios peruanos, sobre todo jóvenes, es una llamada de atención a la indiferencia sobre las reformas necesarias para sostener el crecimiento en los próximo 20 años.