Nadando contra la corriente, por Jorge Medina Méndez

No contar con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sólida y empoderada, –como es el caso en el Perú–, va en sentido contrario a lo que hacen los países que luchan de verdad contra el crimen organizado. 

Hace años que la solución está en manos del Congreso y, por las promesas durante la campaña electoral, uno hubiera apostado que esto iba a ser resuelto prontamente. Pero lo escuchado en los últimos días revela el estado de inconsciencia en que viven algunos congresistas respecto a las herramientas que se necesitan para que la UIF cumpla eficazmente su rol.

No de otra manera se explica la insensatez de no reconocer que el acceso directo al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria es una necesidad impostergable. 

Y no es solo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pueda incluir al Perú en su lista de países deficientes en prevenir el lavado de activos, o que vayamos a ver frustrada nuestra legítima aspiración a ingresar a la OCDE, sino que, al ser el Perú un alto productor de cocaína en el mundo, no combatir el lavado de activos con todas las herramientas a nuestro alcance nos pone en riesgo de convertirnos en un narcoestado. 

Por eso es inconcebible la miopía de algunos de nuestros padres de la patria de poner zancadillas a mejorar el combate a la corrupción. 

—Mirada regional—

Como bien señalan los estándares internacionales de GAFI, “la UIF debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente”. EE.UU., Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Guatemala. Todos estos países cuentan con el acceso directo al secreto bancario y la reserva tributaria. 

Entre los países de la Alianza del Pacífico, resulta lamentable que el Perú esté a la zaga. En Chile, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue creada hace 13 años, y sus facultades van desde inteligencia financiera hasta la difusión de información de carácter público, pasando por la formulación de normativa, fiscalización del cumplimiento y aplicación de sanciones administrativas. 

De hecho, la actual iniciativa propuesta por el Ejecutivo va alineada con la metodología chilena, ya que tiene como premisa que la UIF tenga permiso judicial antes de acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria. En el caso de Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con 17 años de existencia, ya no solo cubre sus tareas, sino que hoy por hoy está enfocada en la inteligencia estratégica y operativa sustentada en el manejo de tecnología y constante innovación.

En un país como el Perú, donde es evidentemente la penetración de dinero ilícito en la política, en la administración de la justicia, en los gobiernos regionales, entre otros, reforzar la UIF no es un golpe a la constitucionalidad, como argumentan los detractores de su fortalecimiento. Lo realmente inconstitucional es ponerse de costado y no hacer nada por cambiar el statu quo, pues eso, en buena cuenta, es desproteger a la ciudadanía. El lavado de activos y toda forma de corrupción lacera nuestra democracia, debilita nuestras instituciones y genera, entre otros males, delincuencia e inseguridad. 

Pasada la campaña presidencial, es lamentable constatar que quienes prometieron potenciar la UIF estén mostrándole hoy al país su total falta de consecuencia nadando contra la corriente.