En medio de las controversias derivadas de los procesos electorales, tanto en Estados Unidos como en Europa, recientemente S&P Global hizo algunas observaciones respecto al que tal vez sea el desafío económico más apremiante para la economía mundial en el próximo lustro: la sostenibilidad fiscal.

En concreto, la agencia calificadora señaló que considera como poco probable que, tanto la primera economía del mundo como Francia y en general las principales economías, logren detener el aumento de sus elevados niveles de deuda en los próximos años. Si bien no se trata de una observación nueva, para los inversionistas resulta relevante que las menciones sobre el particular sean cada vez más frecuentes. Vale la pena recordar que la más reciente publicación del monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de este año se enfocó en el mismo punto.

Con el título de “Política fiscal en el gran año electoral”, el FMI advirtió que, pese a que las perspectivas económicas y financieras de la economía mundial se están estabilizando tras el choque que supuso la pandemia, las iniciativas para normalizar la política fiscal continúan afectadas por los elevados niveles de deuda y déficit acumulados en los últimos años y, al mismo tiempo, afrontando nuevos retos. En concreto, aunque para el FMI la solución técnica de este desafío es evidente, la entidad advierte que los riesgos fiscales son particularmente elevados dado que el 2024, denominado como el “gran año electoral”, 88 economías o grupos económicos que acumulan más de la mitad de la población y el PBI mundiales han celebrado o celebrarán elecciones. Tomando en cuenta que la evidencia empírica apunta a que en años electorales la política fiscal tiende a ser más laxa, un deterioro fiscal adicional al observado hasta el momento no solo compromete el margen de maniobra de las futuras administraciones, sino que eleva la posibilidad de aumento en las tensiones políticas y nuevos desafíos para la dinámica de inversión privada.

Este es precisamente el tema al que apuntan las observaciones de S&P Global, al señalar que ante la presión por prometer mejorar el desempeño económico y ampliar la cobertura de servicios sociales, así como la vida cotidiana de los votantes, la posibilidad de observar un ajuste fiscal serio en las naciones del G7 estaría supeditado a la presión derivada de un fuerte deterioro de las condiciones de endeudamiento. En concreto, la agencia calificadora señala que, para hacer la senda fiscal de las principales economías del mundo, sus gobiernos deberían comprometerse con una mejora cercana a 2% del PBI en el balance primario, hecho que políticamente puede ser considerado como un suicidio.

Para concluir, vale la pena señalar que, implícito en estas consideraciones, debería resultar claro al menos dos conclusiones: i) que los beneficios políticos y económicos de corto plazo apuntan a elevar el costo de uso del capital de mediano y largo plazo, y ii) que independientemente del sesgo ideológico en contienda en los diferentes procesos electorales, una deliberación seria respecto al necesario ajuste fiscal solo estará en discusión mediante la presión derivada del costo de la deuda.