La creación de zonas económicas especiales busca atraer inversión directa, nacional o extranjera, mediante los beneficios que una empresa podría obtener si se instala en dicha área. Se espera que la mayor inversión, orientada a la producción de bienes de exportación, mejore la balanza comercial y promueva la creación de puestos de trabajo de mayor calidad. Los instrumentos de política que usualmente se emplean para promover la inversión en estas zonas especiales incluyen beneficios tributarios, incentivos para la inversión, regulaciones laborales más flexibles, entre otros.
En general, diversas investigaciones han documentado ampliamente que la inversión, en particular la extranjera, que puede atraer un país está vinculada a su estabilidad política y jurídica, a la facilidad para el acceso a mercados y a costos laborales competitivos. Asimismo, otros estudios encuentran que políticas adecuadas para el desarrollo de las zonas económicas pueden incentivar la entrada de más inversión: implementación de una buena infraestructura industrial y de transporte, una ubicación estratégica y una correcta provisión de servicios. Finalmente, la literatura económica también señala que los incentivos fiscales tienen una influencia limitada sobre las decisiones de inversión (al respecto, se puede ver el trabajo de Frick, S. y Rodríguez-Pose, A. (2023): “What draws investment to special economic zones? Lessons from developing countries”).
Dada lo anterior, resulta llamativo que, a nivel local, algunos representantes gremiales estén proponiendo una tasa de 0% para el Impuesto a la Renta (IR) aplicable a las empresas establecidas en Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEE), como un mecanismo indispensable para atraer inversión hacia dichas áreas. Esta propuesta contradice la evidencia señalada anteriormente, la que apunta a otros factores para generar más inversión y encuentra poco estímulo por el lado de los beneficios fiscales.
Pero hay más aún. Hace poco, el ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, hacía notar en redes un argumento contundente en contra de la exoneración total del IR para estas zonas. Oliva menciona que, en 2021, 137 países firmaron la “Declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía”. La idea aquí es que las empresas internacionales queden sujetas a una tasa de IR mínima de 15%. Por lo tanto, si aquí se impone una tasa menor, la diferencia se la cobrarán igual a la empresa en el país en la que esté domiciliada. En este sentido, estaríamos permitiendo que otro país se lleve la recaudación que Perú estaría dejando de lado. Por lo tanto, no tiene sentido fijar una tasa inferior a 15% para “atraer” más inversión.
Las zonas económicas especiales pueden ser un mecanismo para atraer más inversión. Las propuestas para potenciar su impacto incluyen el desarrollo de una adecuada infraestructura y un buen marco institucional. También se pueden emplear beneficios tributarios, pero buscando evitar generar costosas distorsiones económicas en términos de asignación de recursos (por esto, deben estar sujetas al cumplimiento de metas) y una innecesaria pérdida de recaudación, menos en un país en el que el déficit fiscal se ha elevado a niveles superiores al 4% del PBI, algo que no veíamos desde inicios de los 90(excluyendo el periodo de la pandemia).
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