En las ultimas semanas se viene dando un debate a raíz de la admisión del Ministro de Economía de que hemos entrado en recesión. La mayor parte se inclina por el ángulo político, buscando contrastar la actual gestión presidencial con la de su antecesor. Desde nuestro humilde punto de vista, encontramos estéril ese ángulo del debate. Primero, porque su propósito no es constructivo, y segundo, porque no aborda el fondo del asunto. El ángulo político del debate implica un pobre contenido técnico, que es lo que debería importarnos.
Una recesión corresponde al periodo contractivo de un ciclo económico, no existe una duración específica, pero suele considerarse dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo.
¿Por qué importa? Si bien la pregunta parece trivial y la respuesta obvia, no es el caso, ya que no necesariamente tiene un impacto inmediato en la vida de los ciudadanos y tampoco dice algo claro sobre la situación de la economía de un país. Recesión no necesariamente implica que el año no tendrá crecimiento, ni que la tasa de desempleo se dispare o que los precios de los bienes incrementen. Su importancia radica más en las expectativas. Las expectativas del gobierno en recaudación tributaria para poder financiar sus gastos, las de los empresarios que determina el nivel de inversión privada, y finalmente en cómo afecta a la solidez de un país para que las agencias de riesgo asignen la clasificación crediticia del país. La suma de estas expectativas y las decisiones que se toman entorno a las mismas son las que impactan de forma más inmediata a la calidad de vida de la sociedad.
Ahora podemos entrar al debate de las últimas semanas y buscar responder ¿Cuál es el rol del gobierno? En el contexto de una recesión el gobierno puede amortiguar el impacto negativo y buscar revertir cambios en las expectativas a través de la estimulación de la inversión y el gasto público. Para capturar el uso de esta facultad, el porcentaje de ejecución de gasto es una referencia relevante. Hoy este indicador se encuentra en mínimos históricos.
A su vez, las agencias de riesgo crediticio, cuya función es evaluar la salud financiera del gobierno, al observar un menor crecimiento económico comienzan a recalibrar sus expectativas al ver como las reglas fiscales son puestas a prueba. El comportamiento pasado de un gobierno influye en la percepción de estas clasificadoras de riesgo. Un deterioro económico desencadena revisiones que pueden acabar en una reducción en la clasificación crediticia. Esto incrementa el riesgo de solvencia del gobierno, por lo que nuevas necesidades de financiamiento tendrían un costo, tasa de interés, mayor. Esto se traslada a los costos de financiamiento de largo plazo de las empresas, haciendo más caras sus inversiones, que podrían ser postergadas, y llegan al consumidor que también termina pagando un costo más alto para financiar sus compras. Y así, el círculo vicioso continúa.
¿En dónde nos encontramos? El crecimiento económico de la primera mitad del 2023 se ubico en -0.5%, y es probable que el tercer trimestre también sea negativo. ¿Por qué? Porque el clima de confianza es difícil en una dinámica de confrontación política de dos poderes del estado con baja popularidad, poco alineamiento, e insuficiente capital político para garantizar su continuidad hasta la próxima elección. A todo esto, se suman los choques climáticos que sucedieron durante finales del primer trimestre y comienzos del segundo. Para el 2024, mucho dependerá del impacto económico del Fenómeno de El Niño (FEN) y la capacidad de reacción de los diferentes niveles del gobierno. Finalmente, el FEN también puede tener un impacto inflacionario, sobre todo en el rubo de alimentos, que podría reducir la trayectoria descendente de tasa de política monetaria retrasando el proceso de recuperación local.
Al final, todo dependerá de las expectativas y como cada agente económico recalibra las suyas según se van manifestando los eventos.
