Un remedio peor que la enfermedad, por Janice Seinfield

A inicios de año, a propósito de la compra de Química Suiza por parte de Intercorp y la consecuente concentración y reconfiguración del mercado retail de medicamentos en el país, advertimos del peligro de los ímpetus populistas que empezábamos a ver en ciertas autoridades.

Desde entonces, distintas bancadas del Congreso de la República han presentado propuestas legislativas que plantean el control de precios de medicamentos. Estos afanes intervencionistas son un constante ‘déjà vu’ dirigido a las tribunas, pero de nefasto efecto económico: al desincentivar la producción y comercialización de medicamentos generan escasez, aumentan la informalidad y perjudican el acceso a los productos que se busca proteger.

El legislador Javier Velásquez Quesquén, por ejemplo, propone crear un órgano regulador de precios máximos de medicamentos básicos, cuyo jefe sea designado por los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas. ¿Cómo se fijarían dichos precios? ¿Qué medicamentos abarcaría? Y lo más incomprensible: si estas políticas no han funcionado antes, ¿qué lo lleva a pensar que funcionarán ahora y que el nuevo órgano operará en mercados dinámicos eficientemente? Similares argumentos tienen sus colegas Héctor Becerril y Yonhy Lescano.

Según la regulación moderna, lo importante es generar condiciones que favorezcan la competencia en los mercados público y privado, pues permite disminuir los precios y mejorar la calidad de los productos. Además, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, urge promover los medicamentos genéricos de calidad, principal mecanismo para abaratar costos y fomentar el acceso entre la población.

Para lograr lo anterior, un punto esencial es optimizar los procesos de compras corporativas de medicamentos desde el Estado. Este debe aprovechar su poder monopsónico —es el comprador de medicamentos por excelencia—para, negociando y gestionando con transparencia y eficacia, conseguir los menores precios.

En nuestro país existe el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que compra gran parte de los productos farmacéuticos requeridos en todo el país. Sin embargo, en los últimos años ha tenido importantes demoras: las compras previstas para el 2017 se retrasaron siete meses y las del 2018 se acaban de convocar. Más aun, la debilidad en la información de la programación de las necesidades y requerimientos impide convocar procesos multianuales.

Asimismo, deben desarrollarse estrategias como la homologación de medicamentos —que permite simplificar la definición de aspectos técnicos y reducir la discrecionalidad y el direccionamiento de las compras—, y el uso del catálogo electrónico para el acuerdo marco, trabajando de la mano con la central de compras públicas Perú Compras. A la par de ganar oportunidad y transparencia, esto permitirá repensar el rol de comprador del Estado ante el escenario de integración vertical en el sector privado.

En suma, necesitamos ordenar la casa y que cada quien haga su labor. La solución no pasa por crear nuevas instituciones, sino por mejorar la gestión de las existentes. Las medidas populistas solo llevan a perder tiempo y dinero, lo que afecta a los ciudadanos que, irónicamente, sus promotores dicen defender.