Se cierra el caño, por Marcial García

Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, su gobierno se ha visto favorecido por el mayor dinamismo de la recaudación fiscal, que rompió un récord histórico en el 2021, impulsada por la tendencia alcista de las exportaciones de commodities. Pero esa buena racha parece estar llegando a su fin, en medio de un panorama cada vez más desalentador para la economía mundial.

Si bien la recaudación acumulada en los primeros 8 meses del 2022 registra un incremento de 13.6%, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios muestra una clara desaceleración que podría acentuarse en el corto plazo. El punto de quiebre fue en agosto. Los ingresos fiscales se redujeron 19.4% frente al mismo periodo del 2021, tras 20 meses ininterrumpidos en azul. Aunque los datos adelantados de setiembre lucen un poco mejor, tampoco son muy optimistas que digamos.

Este declive era predecible dado el entorno global adverso. A eso se suma nuestra propia crisis política, que viene impactando negativamente en la actividad económica y la inversión privada. Quizás lo más llamativo sea que no haya ocurrido antes. Uno de los principales factores que explica esta menor recaudación es la disminución de las cotizaciones y la demanda de los metales que se registra en el mercado internacional, sobre todo en China, que es el principal consumidor de materias primas. En particular, no es trivial que los precios del cobre, oro, zinc y plomo hayan retrocedido -22%, -7%, -16% y -14%, respectivamente, desde el inicio del año.

Estos cuatro productos representan, aproximadamente, el 54% del valor total de nuestras exportaciones y casi el 90% de nuestras exportaciones mineras, por lo que la caída de sus cotizaciones hacía prever que la recaudación se iba a ralentizar tarde o temprano. Era cuestión de tiempo. De acuerdo con las últimas cifras disponibles de la SUNAT, los ingresos fiscales provenientes de esta actividad bajaron -76.7% en agosto, la segunda contracción consecutiva del año.

El problema se ha visto exacerbado por la reducción de la producción minera afectada por la intensificación de los conflictos sociales que durante este año paralizaron un buen número de minas, sobre todo en el “corredor del sur”. Los volúmenes de producción acumulada al mes de julio de cobre, oro, zinc y plomo disminuyeron -0.1%, -0.9%, -14.6%, -4.0%, respectivamente, respecto al año previo.

Esto preocupa porque la minería es una de las actividades con mayor peso en la economía, la principal generadora de divisas, y la que más aporta a la recaudación de tributos que el Estado puede usar luego para financiar inversión pública y el gasto social que busca reducir la pobreza y la desigualdad.

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de frenar la caída de la recaudación y hacer más eficiente el gasto público. En la medida que los precios de los metales no los controlamos, lo que debe asegurarse es la continuidad de operaciones bajo acecho de grupos radicales anti-mineros, como las de Cuajone o Las Bambas, y el ingreso de nuevos proyectos grandes, como Quellaveco (actualmente en peligro por la arbitraria suspensión de su licencia de uso de agua), de manera que la disminución de los precios pueda ser compensada con mayores volúmenes de producción. Ello pasa por buscar una solución definitiva a los conflictos sociales, siendo ese el principal desafío.

El camino por delante no es fácil. Si no se logra revertir este sesgo a la baja que viene mermando los ingresos de las arcas públicas, existe el riesgo de que el déficit fiscal se dispare por encima de la meta de 3.7% del PBI establecida por el Poder Ejecutivo para este año y se tendrán que hacer ajustes por el lado del gasto, con las consabidas consecuencias en el PBI y en el bienestar de los menos favorecidos. Así las cosas, esperanzarse solo en los resultados del plan “Impulso Perú” anunciado por el actual ministro de Economía y Finanzas, no parece ser una actitud muy sensata, más aún cuando el Gobierno al que pertenece ha perdido toda credibilidad.