¿Agua para todos?: Los desafíos del sistema público de agua y alcantarillado

(Informe de El Comercio-IPE) El desastre ocurrido recientemente en el distrito de San Juan de Lurigancho ha vuelto a poner sobre el tapete los enormes desafíos pendientes del sistema público de agua y alcantarillado en el país.

La meta de lograr al bicentenario una cobertura de saneamiento al 100% en el ámbito urbano y al 85% en la rural resulta cada vez más lejana. Ello se debe, en buena parte, a la deficiente gestión en la provisión de dichos servicios públicos, así como a los esfuerzos insuficientes por proveer una infraestructura adecuada con participación del sector privado.

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INSUFICIENTE PROVISIÓN
Según las cifras del INEI al 2017, el 89% de las viviendas a nivel nacional cuenta con acceso a agua potable y el 73% a la red pública de alcantarillado. Más aún, se observa un notable retraso en la cobertura de las zonas rurales.

La cobertura de agua potable asciende a 94% en el área urbana y a 72% en el rural, mientras que la del alcantarillado es de 72% en la zona urbana y apenas 18% en el ámbito rural. Sin embargo, esto refleja únicamente la conectividad al sistema público, y no considera otros aspectos relevantes como la continuidad o calidad del servicio.

Al respecto, por ejemplo, la cobertura efectiva de agua potable, definida como el acceso al sistema de tuberías y la disponibilidad de contar con dicho servicio de manera continua al menos 16 horas al día, asciende a cerca del 48% del total de viviendas en el Perú.

PROBLEMAS EN LA GESTIÓN
En el Perú, la provisión de agua y alcantarillado se encuentra a cargo exclusivamente del Estado. En el ámbito urbano, las encargadas son las EPS, mientras que, en el ámbito rural, las responsables son las organizaciones comunales.

Actualmente, existen 50 EPS en el país y muestran resultados operativos y financieros heterogéneos. Al cierre del 2017, más de la mitad de las EPS operaron con pérdidas financieras. De ellas, a la fecha, 13 presentan severas deficiencias financieras y operativas, por lo cual se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) a través de la OTASS.

Los diversos problemas que enfrentan actualmente las EPS se encuentran relacionados con ineficiencias internas y los escasos recursos económicos que manejan. Estos recursos provienen del cobro de la tarifa -establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)- que pagan los usuarios.

Sin embargo, la capacidad de las EPS de facturar el agua provista es limitada, y el monto de la tarifa entre aquellos que sí pagan es insuficiente para cubrir tanto los costos de operación como de nuevas inversiones destinadas a mejorar el servicio. Ante ello, entre el 2017 y 2018 se transfirió, aproximadamente, S/500 millones a las EPS con el fin de fortalecer sus capacidades de gestión, pero manteniendo sus limitaciones institucionales de origen, posiblemente perpetuando el problema.

INSUFICIENTE INVERSIÓN

Según el último Plan Nacional de Infraestructura de AFIN, la brecha de infraestructura del sector saneamiento para el período 2016-2025 ascendía a US$12 mil millones, de los cuales el 79% corresponden al acceso a alcantarillado.

La priorización de gasto en el sector ha sido clara: mientras que la inversión pública nacional creció en 68% entre 2009 y 2018, la del sector saneamiento aumentó en 84%. Así, de los S/10,244 millones adicionales invertidos en total en dicho período, el 15% corresponde a la función de agua y alcantarillado, solo por detrás de Transportes (35%) y Educación (30%).

La inversión de este sector es responsabilidad principalmente de los gobiernos locales, con participación en las EPS. Sin embargo, durante el período 2015-2018, las municipalidades ejecutaron menos de dos tercios de su presupuesto para inversión en infraestructura de saneamiento.

CERRANDO BRECHAS

Urge una profunda reforma de las EPS y su gobernanza debido a las dificultades operativas y financieras que enfrentan.

Un buen caso de estudio es el de la concesión en Buenos Aires, Argentina, del servicio de agua y alcantarillado en 1993. Un trabajo de investigadores de las universidades de Berkeley y Torcuato di Tella encontró que la concesión privada aumentó la oferta de agua en 9%, el agua desperdiciada bajó en 14% y el volumen del drenaje subió en 12%. En cuanto a la distribución, la extensión de la red de agua se amplió en 30% y la de alcantarillado en 21% –casi el 85% de las nuevas conexiones beneficiaron a familias de bajos ingresos-.

Eso se logró con precios 16% menores y con menos de la mitad de empleados. Finalmente, los autores concluyen que la concesión estuvo asociada con una disminución de 6% en la tasa de mortalidad infantil. Algunos años después, presiones políticas similares a las que mantienen el actual sistema en el Perú justificaron que el gobierno de Néstor Kirchner re-estatizara la provisión de agua.