EPS: ¿hay diferencia entre privatizarlas y que privados las gestionen?

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Carlos Bruce, anunció que en las próximas semanas se aprobará el reglamento que permitirá el ingreso de compañías privadas a la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que son manejadas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Bruce, quien participó de la conferencia “Motores de crecimiento 2018”, organizada por la Cámara de Comercio Peruano-China, aseguró que de las 50 EPS existentes, ya son 13 las que se encuentran en reestructuración. Y, otras 15 buscan entrar al sistema del OTASS.

El titular de Vivienda precisó que las EPS no dejarán de tener carácter municipal y que el OTASS será el encargado de liderar todo este proceso. Además, indicó está pendiente determinar cuáles serán las primeras prestadoras que pasarían a ser gerenciadas por privados, así como la elección del modelo de negocio –inyección de capital, venta de acciones u otro– que se utilizará.

“Hay empresas en las cuales va a ser inevitable [la inversión estatal]. Después de dos años, se devolvería la empresa al Estado”, detalló Bruce, quien agregó que todo este proceso no se reflejará en un alza de tarifas para los usuarios finales.

EL OTRO FRENTE

Aunque desde el Ejecutivo se avanza hacia la incorporación de privados a la gestión del agua, en el Congreso se contempla otra visión sobre el manejo y la gestión del sector agua y saneamiento.

Ayer, el pleno aprobó por mayoría la insistencia en el proyecto para modificar el decreto legislativo 1280, que aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. La votación fue 87 a favor, 2 en contra y ninguna abstención, pendiente de una segunda votación.

De acuerdo con el congresista de Nuevo Perú Manuel Dammert, el decreto legislativo modificó el funcionamiento de Sedapal, “autorizando su fragmentación y entrega a capital privado”.

“Si algún servicio, como una concesión o el tratamiento de aguas residuales, recibe capital privado no es problema.

Pero, la dinámica general, la rentabilidad, la gestión y el destino del agua no pueden ser entregados a manos de privados”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Según Flavio Ausejo, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, en el Congreso se discute una visión política- ideológica: si el agua es un bien público tiene que estar bajo el control del Estado, pues este es la fuente de todos los recursos hídricos.

“Sin embargo, eso no significa que la prestación del servicio tenga que ser entregada por una empresa pública [...]. Hay servicios que pueden ser manejados como asociaciones público-privadas (APP). Están la planta de tratamiento de agua residual Chillón-Taboada y la planta de agua potable de Huachipa, por ejemplo”, explicó.

En este contexto, recordó que la gestión de Sedapal no ha sido idónea: la empresa pierde el 36% del agua que se produce en La Atarjea en su propia red.

Por otro lado, también criticó su capacidad de inversión.

“En su mejor año, Sedapal ha podido invertir S/800 millones. Sin embargo, su inversión promedio anual no supera los S/600 millones. Según estimaciones del mismo Gobierno, se necesitan más de S/1.500 millones al año para poder cerrar la brecha de cobertura de agua potable en Lima”, explica.

Sin embargo, el propio Bruce sigue opuesto al concepto de privatizar Sedapal. “Pocos son conscientes de que Sedapal debe traer agua de Junín para abastecer a la capital. Eso, en manos de una empresa privada no es atractivo. Los que dicen que privatizar Sedapal es la solución no saben de lo que están hablando”, afirmó.

Además, al igual que Ausejo, aseguró que existen empresas en Latinoamérica que han ingresado a operar los sistemas de saneamiento y no han tenido éxito.

“El que ingrese una empresa privada a manejar un sistema de saneamiento no es la panacea. Gestionar que se traiga agua de otras regiones es algo que solo puede hacer el gobierno nacional. Por eso, Sedapal ni siquiera es una empresa municipal”, agregó.

Ausejo, por su lado, resaltó que la población no está acostumbrada a pagar por el agua. “Se piensa que el agua no debería costar mucho, pero eso no es verdad. Sobre todo en Lima, que es la segunda ciudad [más poblada] después de El Cairo ubicada en un desierto”, apuntó.

La solución, para el especialista, consiste en promover la inversión privada en una parte de los procesos productivos como la emisión de facturas y recibos, la tercerización de reparaciones necesarias en la red e impulsar los procesos de concesiones.

EL FUTURO DEL SECTOR

En los planes de largo plazo del sector saneamiento se tiene previsto invertir S/49.543 millones hasta julio del 2021 para que el 100 % de la población urbana acceda al servicio de agua potable y desagüe.

Según Bruce, para el 2021 esta inversión permitirá también que el 84% de la población rural tenga acceso a agua y el 70% a servicios de desagüe.

Refirió que su sector cerrará este año con una ejecución de S/3.500 millones en inversiones y aclaró que se destinan entre S/300 y S/400 millones para financiar la ejecución de obras de saneamiento.

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