La Comisión de Trabajo y Seguridad del Congreso aprobó un dictamen que amplía los derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público.
El dictamen obtuvo 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, establece que los empleados mediante CAS tendrán derecho a recibir aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes cada uno a una remuneración mensual completa.
Además, tendrán Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el total de la remuneración mensual percibida. “Este beneficio se centra en un solo pago al término de la relación laboral entre el trabajador y la entidad”, aclara el dictamen.
También se otorgará un subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, que se da conforme a las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo 276. Para la implementación de estos beneficios, el dictamen contempla una disposición complementaria que autoriza a las entidades públicas del Gobierno Nacional, así como a los gobiernos regionales y locales, a efectuar modificaciones presupuestarias internas. Dichas modificaciones se financiarán con recursos del presupuesto institucional sin generar demanda adicional al Tesoro Público.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) concluyó que el Proyecto de Ley 984/2024-CR, “Ley que establece la equidad en la asignación de beneficios sociales para los servidores del Decreto Legislativo 1057-CAS y Decreto Legislativo 728” como no viable.
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La PCM sostiene que la propuesta normativa carece de justificación adecuada, incumpliendo con lo establecido en la Ley Marco para la Producción Legislativa y su reglamento. Precisaron que la propuesta, que plantea otorgar CTA y subsidios a trabajadores de los regímenes CAS 728, no presenta análisis cuantitativo ni cualitativo de sus efectos ni muestra su necesidad o sostenibilidad, “pese a implicar un gasto público”.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se mostró en contra del proyecto de ley, el cual calificaron también de no viable al indicar que el dicho dictamen aborda beneficios sociales en el empleo público, materias que no corresponden a las competencias del MTPE.
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), concluyó que, desde el punto de vista estrictamente presupuestario, el proyecto irroga gasto público que no se encuentra previsto en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, ni en los años subsiguientes. Por lo tanto, generaría una demanda de recursos adicionales al Tesoro Público para su implementación.
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