IPE: La confianza empresarial cerrará el 2023 entre las más bajas de América Latina

Producto de la fuerte inestabilidad política, la satisfacción con la democracia en el Perú se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 10 años. El resultado actual es uno de los peores de la región, solo por encima de Surinam y Haití. Urgen consensos mínimos entre el Ejecutivo y el Congreso que reduzcan la incertidumbre sobre el entorno económico y permitan avanzar con la agenda de reformas pendientes para un Perú más competitivo y productivo.

Incluso con el adelanto de utilidades del Banco de la Nación, casi con seguridad este año no se cumplirá con la regla fiscal (déficit fiscal por debajo del 2,4% del PBI). Para el 2024, persiste un alto riesgo de un nuevo incumplimiento, sobre todo ante el incremento de casi S/10 mil millones en el presupuesto de remuneraciones (1% del PBI). Sincerar las proyecciones de ingresos y gastos es necesario para evitar un mayor deterioro de la institucionalidad fiscal.

Con la incertidumbre política y la débil institucionalidad exacerbada en los últimos años, el clima de negocios en el Perú se ha tornado menos atractivo. La confianza empresarial tiene una tendencia decreciente desde hace varios años y se ha deteriorado aún más en los últimos meses, ubicándonos por debajo del resto de los principales países de la región. Es urgente recuperar la confianza, a través de decisiones claras y señales consistentes, para reactivar la inversión y, con ello, volver a la senda de mayor crecimiento económico, más empleo y reducción de la pobreza.

La satisfacción de los peruanos con los servicios públicos de educación, salud y carreteras está en su nivel más bajo. En cuanto a seguridad, otro servicio que debe ser garantizado por el Estado, los robos en principales ciudades alcanzaron su máximo histórico este año. Para continuar en la senda del desarrollo, se necesita una gestión pública moderna y eficiente que otorgue servicios públicos de calidad.

En el marco del fallido proceso de descentralización, la mayor asignación de recursos a las regiones no se ha complementado con mejoras en su capacidad de ejecución. Así, las transferencias de canon y regalías son históricamente altas, pero su ejecución empeora con los años. Estas debilidades en la gestión pública de las regiones también se traducen en la paralización y atomización de los proyectos de inversión pública y la provisión de servicios a la ciudadanía. A la fecha, existen más de 2 mil obras paralizadas en el ámbito nacional.