El Pleno del Congreso aprobó delegación de facultades al Poder Ejecutivo. (Foto: Jorge Cerdán / El Comercio)
El Pleno del Congreso aprobó delegación de facultades al Poder Ejecutivo. (Foto: Jorge Cerdán / El Comercio)
/ JORGE CERDAN
Redacción EC

El aprobó el pedido de facultades solicitado por el Poder Ejecutivo para legislar en materias de reactivación económica y de modernización en la gestión del Estado.

Por 79 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al presentado por las comisiones de Economía y de Descentralización.

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Asimismo, por 80 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones, el Pleno exoneró al dictamen conjunto de ambos grupos de trabajo de la segunda votación.

El texto aprobado establece que el Gobierno tendrá 90 días calendario para legislar en las materias que son objeto de las facultades delegadas: 33 de los 42 puntos solicitados por el Ejecutivo.

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La delegación de facultades comprende la actualización de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley 27658) en lo correspondiente a la estrategia a seguir en ese proceso y en la responsabilidad de revisar periódicamente las regulaciones emitidas por los entes rectores de los sistemas administrativos.

En cuanto al impulso económico necesario para la reactivación económica, se plantean diversos puntos referidos a la inversión pública, gestión económica, materia tributaria, sobre catastro fiscal, sobre Tesoro Público y sobre contratación en el sector público.

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En ese contexto se autoriza al Ejecutivo a legislar para modificar el Decreto Legislativo 1435, referido al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial; y el Decreto de Urgencia 021-2020, que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales.

También se le faculta a modificar la Ley 30556, que aprueba disposiciones extraordinarias para las intervenciones del Gobierno frente a desastres naturales, entre otros puntos.

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En gestión económica, el Ejecutivo podrá establecer medidas especiales sobre proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, y modificar el Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas.


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