El financiamiento mundial para hacer frente al cambio climático es uno de los puntos duros de la negociación en la COP20 que se realiza hasta el 12 de diciembre en Lima.
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Los mecanismos para hacer andar el recientemente constituido Fondo Verde del Clima (FVC) de las Naciones Unidas generaron muchas horas de discusión en las sesiones desarrolladas en las instalaciones del Cuartel General del Ejército (Pentagonito). Los principales escollos en la negociación se han centrado en qué países deben financiarlo, a quiénes se beneficiará y en qué se usará este fondo.
La meta es llegar al manejo de un monto de US$100 mil millones anuales a partir del 2020. Al día de hoy se han alcanzado los US$10.000 millones, luego de pasar sombrero a las principales economías del mundo.
Si bien el monto proyectado al 2020 pareciera una cifra gruesa, el consenso es que en realidad es muy inferior a lo que requerirán los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático.
Incluso el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP) presentó la semana pasada cifras alarmantes. Los países en desarrollo tendrían que aumentar sus inversiones hasta unos US$500 mil millones anuales hacia el año 2050 para lograr adaptarse al cambio climático. Esto es hasta tres veces más de lo proyectado inicialmente por los científicos.
Sobre qué países deben aportar al fondo, el llamado es a las economías con mayor poder adquisitivo y que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hablamos de 34 economías con los PBI más altos del mundo. Sin embargo, hay matices en esta discusión. Australia, un país con unos 50 mil euros de ingreso per cápita, se ha mostrado reticente a ser parte de los donantes al fondo en parte porque no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, que originan el calentamiento terráqueo.
Aunque su demora también tendría que ver con el escepticismos del actual primer ministro Tony Abbot a los temas de cambio climático.
Sin embargo, el borrador del documento en este capítulo habría planteado que “todas las partes” movilicen financiamiento para el clima, mediante acciones diversas. Esto ha generado la oposición airada de bloques negociadores como el grupo africano y el G-77 más China.
Hay que mencionar que algunos países fuera del OCDE han hecho ya aportes simbólicos, como Panamá que ofreció US$1 millón. Transcendió que el Perú ofrecerá US$10 millones para este fondo. El Ministerio del Ambiente ya había adelantado que haría una donación como una forma de incentivar al resto de economías a hacer lo propio.
Sobre este punto, Juan Carlos Riveros, representante de la WWF en el Perú, comenta que falta determinar una métrica equitativa para definir qué países deben aportar más que otros, tomando en cuenta su situación económica y el historial de emisiones de gases de efecto invernadero.
DESTINO
El acuerdo preliminar es que el dinero sea destinado 50% a los temas de adaptación y el otro 50% a los de mitigación al cambio climático.
Se estima que el 95% de los fondos del mundo, sean públicos y privados, se vienen usando en mitigación. En el tema de adaptación, los países desarrollados están corriendo más rápido con fondos propios, lo que no viene ocurriendo con los países de menores ingresos.
En este punto se centran las principales discusiones, porque existen muchas aristas para edificar el mecanismo financiero. ¿Trabajará como banco de desarrollo o como fondo fiduciario? ¿Quiénes serán elegibles y hasta qué monto? ¿Los países que aportan más tendrán más control o quedará en manos de las Naciones Unidas? ¿Se utilizará el fondo cuando exista un desastre natural o incendio ocasionado por el cambio climático?
Esta última pregunta es la que más concita puntos encontrados entre los negociadores. Por lo pronto, los países europeos son férreos opositores a ese uso del fondo, porque consideran que en el mundo ya existe financiamiento para ayuda humanitaria. “Si sacaras de la negociación este tema, denominado el principio de pérdidas y daños, ya el fondo estaría caminado”, comenta Riveros.
Y es que si el fondo considera esas situaciones de emergencia, entonces, el espectro de países beneficiarios se amplía. La idea inicial era que las economías en vías en desarrollo y aquellos con bosque tropical, por debajo de la línea ecuatorial, sean los receptores de los fondos.
Al contar con 60% de bosques tropicales, David Solís, consultor en economía ambiental, explica que el Perú es un candidato natural para acceder al financiamiento. “El preservar esas áreas significa para el país el renunciar a explotarlas, tanto en actividades forestales como en el incremento de áreas agrícolas”, dice.
Las donaciones hoy por hoy son voluntarias, lo que también hace temer la sostenibilidad de este fondo a largo plazo. Solís explica que los proyectos que desarrollen los países, sean de mitigación o adaptación, no podrán tener estabilidad de no estar asegurada la continuidad del financiamiento.
En el escenario en que el fondo no llegue a su meta, el experto considera que el financiamiento en el ámbito privado es también un buen camino. En esa línea, la jefa de la delegación de la Comisión Europea, Elina Bardram, comentó durante la COP 20 que el Fondo Verde es parte de un rompecabezas y que tendrán que usarse otros canales para alcanzar los US$100 mil millones.
Por lo pronto, los fondos mundiales para financiar la mitigación y adaptación al cambio climático alcanzaron entre US$340 mil y US$650 mil millones anuales en el 2011 y el 2012, según el cálculo del informe bienal de Naciones Unidas.
Este debate es intenso y también urgente, porque los impactos del calentamiento global pueden ser devastadores para las economías de gran parte de los países. Esperemos que la negociación llegue a buen puerto para el mundo.