¿Qué dicen los expertos sobre la prórroga del D.U. 003?

Hoy llegaba a su fin la vigencia del Decreto de Urgencia (D.U.) 003, cuya finalidad era garantizar el pago de las reparaciones civiles de las empresas implicadas en actos de corrupción por el Caso Lava Jato.

Sin embargo, en una sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Economía que tenía como objetivo debatir y eventualmente aprobar el proyecto de ley 2408 –que busca reemplazar el D.U. 003–, se acordó ampliar la vigencia de este último por 30 días. Así, el Congreso contaría con un mes más para analizar con mayor detenimiento la propuesta del Ejecutivo.

No obstante, los expertos discrepan sobre la decisión del Ejecutivo. Para el ex viceministro de Hacienda y director de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Carlos Oliva, dado que el D.U. 003 requiere de otro decreto de su misma naturaleza para ser prorrogado, este último debería ser uno que corrija los errores identificados por el Ejecutivo a fin de evitar una crisis económica.

“Eso [la emisión de un nuevo decreto de urgencia que corrija los errores del D.U. 003] hubiera sido lo mejor y lo más rápido para resolver el problema. Imagino que hay un trasfondo político”, comentó Oliva.

La necesidad de esta medida quedó reflejada en las recientes declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, a este Diario: hay más de 10 mil millones de soles en exposición bancaria a las empresas vinculadas al ‘club de la construcción’ y a sus consorciadas, y además trabajadores y proveedores de esas empresas que tienen créditos en los bancos, lo que multiplica el riesgo.

“No es tan fácil como simplemente decir que quiebren las empresas, porque esto tiene un efecto sistémico sobre el sector real de la economía”.

Por su parte, el constitucionalista Samuel Abad sostuvo que existe la posibilidad de que el Ejecutivo presente un nuevo decreto de urgencia que contenga modificaciones sobre el D.U. 003, pero en la medida en que cumpla los requisitos. Para ello, “habría que ver dicha modificación”, subrayó al diario Gestión.

LA SESIÓN

El debate comenzó aproximadamente a las 11 a.m. con la presencia de la ministra Cooper, y Enrique Mendoza, ministro de Justicia. Aunque este se extendió hasta pasadas las 6:00 p.m., las bancadas de Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular ya tenían una posición sobre el tema: siendo una iniciativa tan compleja y técnica, su aprobación era casi imposible.

La bancada de Fuerza Popular, por ejemplo, fue insistente con respecto a la información que se requeriría para aprobar la nueva iniciativa. Los congresistas Héctor Becerril, Miguel Torres, Úrsula Letona y Cecilia Chacón pidieron oficialmente a la titular del MEF un documento con el balance económico del impacto del D.U. 003, el listado de las obras de infraestructura relacionadas con empresas involucradas en el Caso Lava Jato y a cuánto asciende el patrimonio de Odebrecht en el Perú.

“Tenemos que saber si hemos podido valorizar los activos de Odebrecht. ¿Cuántas empresas son las que vieron su cadena de pagos rota? ¿De cuántos empleados estamos hablando? No podemos tomar una decisión sin esa información”, señaló Letona.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Yohny Lescano realizó varias críticas al proyecto de ley que luego fueron secundadas por algunos miembros de la bancada fujimorista.

La primera de ellas estuvo dirigida al silencio administrativo positivo. Según el proyecto de ley, el Ejecutivo tendría 20 días para brindar una respuesta a cualquier pedido de venta o transferencia al exterior. Si no hubiera respuesta en ese período, se entendería que el procedimiento fue aprobado.

“Este proyecto solo va a permitir que el funcionario corrupto pueda no decir nada y dejar que se hagan los procesos en silencio”, consideró la congresista Letona.

Asimismo, tanto el congresista de Acción Popular como algunos fujimoristas sostuvieron que la contratación de veedores privados que puedan asegurar la transparencia en los proyectos de infraestructura de las empresas vinculadas al Caso Lava Jato es innecesaria y costosa.

“El Ministerio de Economía cuenta con profesionales capaces de realizar esta tarea”, indicó Lescano.

Por otro lado, el congresista también criticó el sistema de colaboración eficaz sugerido por el Ejecutivo. Si se aprobara la norma, el Ministerio Público estaría en la potestad de condonar la pena o rebajar el monto de la reparación civil de la empresa que sea considerada colaboradora eficaz.

“¿Está el Ministerio Público en la capacidad para hacer eso?”, se preguntó Letona.

LA DEFENSA

Sobre lo último, la ministra Cooper sostuvo que la propuesta del Ejecutivo no sugiere un sistema de impunidad.

“A la empresa que sea colaboradora eficaz no se le va a condonar las penas. El fiscal, en coordinación con la empresa, decidirá cuál es el castigo que se aplicará”, explicó. En ese sentido, detalló también que aunque la procuraduría calculará la reparación, será el Ministerio Público el que tenga la última palabra sobre esta.

“La colaboración eficaz no excluye la reparación civil ni la pena. Solo asegura que quienes se acojan puedan seguir operando”, agregó Mendoza. En ese sentido, apuntó que este sistema está dirigido, principalmente, a las empresas en calidad de investigadas.

Por otro lado, con respecto a los veedores, la ministra Cooper aseguró que el proyecto de ley incorporará las observaciones de los congresistas, de modo que ningún consultor privado tenga algún conflicto de interés.

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