Estas empresas llevaron al Perú a un arbitraje internacional

En una oficina, ubicada en Washington, descansan catorce expedientes de multinacionales que tienen en común algo: todas demandaron en algún momento al Estado Peruano. El caso más antiguo es el del Grupo Renco, que durante doce años operó a través de Doe Run Perú el complejo metalúrgico de la Oroya. 

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De acuerdo al tribunal de arbitraje del Banco Mundial (BM), el CIADI, de los catorce casos solo cuatro se encuentran pendientes: el caso de la firma Bear Creek Mining Corporation; The Renco Group; APM Terminals; y de las empresas DP World Callao S.R.L., P&O Dover (Holding) Limited, The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, que están agrupadas en el Caso No. ARB/11/21.

LAS DEMANDAS
En el marco del TLC entre Perú y Canadá, la minera Bear Creek Mining Corporation demandó al Estado por cancelar en junio del 2011 la autorización de la concesión minera para la realización del proyecto Santa Ana en Puno. La empresa exige el pago de nada menos que US$1.200 millones.

"El Minem pretendía anular los derechos de Bear Creek sobre las Concesiones de Santa Ana y que las mismas se revirtieran al Estado, argumentando que los contratos de opción de compra y los contratos de transferencia entre la Sra. Villavicencio y Bear Creek fueron simulados u obtenidos ilícitamente", decían en uno de sus alegatos.

De forma similar, DP World Callao S.R.L., P&O Dover (Holding) Limited, y la brítanica Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, acusaron al Estado de no permitirles participar en la licitación del Muelle Norte del puerto de Callao.

Por su parte, el Grupo Renco, que demandó al Perú tras considerar que recibió un trato injusto en el proceso de ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya, ya que el Gobierno les habría exigido responsabilidades adicionales, exige el cobro de US$800 millones. 

La última empresa en demandar al Perú fue APM Terminals Callao S.A., administrador del Muelle Norte del Callao. La firma interpuso la demanda después de que Ositran indicara que la empresa no habría entregado, en el plazo previsto, las obras de modernización del puerto. 

“Aún no concluyen las obras que estaban establecidas en el contrato, pese a que el plazo venció el 11 de abril del 2016. Se hizo la evaluación al respecto y se determinó que no está el equipamiento completo”, subrayó el gerente de regulación y estudios económicos del Ositran, Manuel Carrillo, en entrevista a Agencia Andina.

Según información del portal Gran Angular, el Perú gasta más de 53 millones de soles en defensa de arbitrajes internacionales. "Los gastos más fuertes en la defensa corresponden al caso Renco Group: más de 19 millones de soles (US$ 5,730,769.27)", recordaron.