Durante el debate sobre la creación de la Superintendencia de Entidades Solidarias, Úrsula Letona admitió haber recibido un préstamo de parte de la Cooperativa San Isidro para el financiamiento de su campaña política. El congresista Belaunde, en este sentido, la invitó a retirar el proyecto de ley por conflicto de intereses. (Foto: Archivo El Comercio)
Durante el debate sobre la creación de la Superintendencia de Entidades Solidarias, Úrsula Letona admitió haber recibido un préstamo de parte de la Cooperativa San Isidro para el financiamiento de su campaña política. El congresista Belaunde, en este sentido, la invitó a retirar el proyecto de ley por conflicto de intereses. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

La Comisión de Constitución y Reglamento discutió hoy el Proyecto de Ley (PL) 285/2017-CR, presentado por la congresista (), que tiene el objeto de crear la Superintendencia de Entidades Solidarias como nuevo organismo constitucional autónomo.

De esta manera, se modificaría el artículo 87 de la Constitución para transferir a esta nueva entidad los alcances de fiscalización y supervisión con los que hoy cuenta la (SBS) en el sector de cooperativas de ahorro y crédito.

Adicionalmente, la propuesta de Letona no solo pasaría a regular a las cooperativas de ahorro y crédito, sino a todas, cualquiera sea el tipo. En esa línea, también habla de las fundaciones entidades de auxilio mutuo.

"Este es un proyecto que reúne a todas las tipologías de cooperativas, no solo las de ahorro y crédito", sostuvo Letona. La congresista de Fuerza Popular también cuestionó la inacción del Parlamento en anteriores legislaturas para normar esta problemática y saludó que hoy existiera consenso sobre la necesidad de mejorar la regulación de estas entidades, aun cuando la forma de hacerlo esté en discusión.

CRÍTICAS AL PROYECTO

Durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) criticó que el proyecto de ley de Letona careciera de opiniones previas de entidades estatales expertas en regulación financiera, como la SBS, el MEF, la Unidad de Inteligencia o el BCR.

De igual manera, García Belaunde recordó que ya existen dos proyectos en el Congreso aprobados para ser discutidos en el pleno: uno presentado por él en el 2016, que busca darle más funciones a la SBS para regular a las cooperativas de ahorro y crédito; y otro presentado por la misma SBS, que busca contar con el apoyo de colaboradores técnicos como la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) y otros organismos de grado superior para tener mayor participación en la supervisión de las cooperativas. 

"Su proyecto no goza de consenso en el Congreso ni en las cooperativas, yo estoy proponiendo un proyecto que funciona en el mundo. Si a usted no le gusta, debatamos y le propone a los 129 congresistas restantes el modelo que dice", contestó Letona.

De acuerdo a información del MEF, en la mayoría de países de América Latina la supervisión de las cooperativas la realiza directamente el ente supervisor a cargo de bancos y otras entidades financieras (con o sin fines de lucro). Brasil, Bolivia, Chile, México, Costa Rica cuentan con este modelo.

Por otro lado, el modelo que propone Letona se utiliza en Colombia y Ecuador. "Se sabe que los modelos de Ecuador y Colombia han tenido serios problemas por la falta de recursos económicos para realizar la supervisión", menciona un ayuda memoria circulado por el MEF. 

Al 31 de diciembre del 2017, la Fenacrep informó de la existencia de alrededor de 671 de estas entidades, de las cuales solo 151 (entre afiliadas y no afiliadas) envían información. Es decir, solo el 23% están supervisadas.

El hecho de que la supervisión sea voluntaria hace que el porcentaje de entidades que se someten a ella sea bajo. La urgencia de tener más información sobre este sector se manifiesta para casos como el del VRAEM: de las 671 cooperativas en el radar, 190 se encuentran en esta zona y solo 24% son supervisadas.

"El narcotráfico mete dinero a la economía y la manera de hacerlo formalmente es a través del lavado. El sistema financiero está siendo utilizado a través de las cooperativas por estas acciones delictivas", argumentó la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú). 

BANCADA OFICIALISTA SE PRONUNCIA

En una carta dirigida al presidente del Congreso, Luis Galarreta, los congresistas del oficialismo solicitaron incluir en la agenda del pleno que se llevará a cabo este jueves 24 de mayo la discusión de los otros dos dictámenes referidos al tema, ambos acumulados. Uno de ellos es el presentado por la SBS.

"El primer dictamen fue aprobado en mayo de 2017 y el segundo en diciembre del mismo año. Es, pues, tiempo más que suficiente para que el tema sea incorporado en la agenda del pleno", precisaron los congresistas en la carta.

Asimismo, enfatizaron que es "especialmente importante" que los proyectos se discutan este jueves 24, "si se tiene en cuenta que se encuentra visitando el país, hasta el 31 de mayo, una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que evalúa el cumplimiento por parte del Estado peruano de sus compromisos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo".

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