IPE: Un cambio adicional de Gabinete reduciría el incremento del PBI en 2,4 puntos porcentuales, ¿por qué? | VIDEO

La reciente crisis ministerial ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad de las instituciones en el Perú, la cual se ha acentuado durante el actual Gobierno. Entender la importancia de las instituciones y cómo impactan sobre la economía resulta relevante para identificar estrategias que permitan revertir el debilitamiento.

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Importancia de las instituciones

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, el Perú se ubica en el puesto 94 de 141 economías en el pilar Instituciones, debido, principalmente, al bajo desempeño en los indicadores de funcionamiento del Gobierno, transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, el Perú cuenta con algunas instituciones sólidas que han contribuido significativamente a la construcción de una responsabilidad macroeconómica que se tradujo en bajos niveles de inflación, de deuda pública y de déficit fiscal durante los últimos 30 años. Gracias a esto, por ejemplo, fue posible destinar una gran cantidad de recursos a mitigar los efectos económicos de la pandemia por COVID-19. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Perú aplicó uno de los mayores paquetes en el mundo para dar respuesta a la pandemia (19,6% del PBI), por encima de sus pares regionales como Chile (16,6%), Brasil (15,4%), Colombia (10,4%) y México (1,9%).

Lamentablemente, la institucionalidad fiscal se ha visto debilitada en los últimos meses. Por un lado, aún no se restituyen las reglas fiscales de mediano plazo, que fueron suspendidas en marzo de 2020 para permitir un mayor gasto público ante la emergencia sanitaria. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha venido realizando cambios presupuestales vía Decretos de Urgencia (DU) sin contar con la aprobación del Congreso para financiar gastos que difícilmente podrían ser considerados imprevisibles –como el financiamiento de la Caja Militar Policial o supuestas deudas a los docentes que llevan décadas en disputa–. Además, el Consejo Fiscal señala que esta práctica le resta transparencia al manejo de las finanzas públicas porque las modificaciones realizadas no se discuten en el Congreso ni se conocen hasta el día de su publicación.

Institucionalidad débil

Pero la fortaleza de la conducción monetaria y fiscal son una excepción. La debilidad institucional en otros aspectos se ha traducido, por ejemplo, en una alta percepción de la corrupción. En el Índice de Percepción de Corrupción 2021 (IPC) de Transparencia Internacional, el Perú retrocedió once ubicaciones frente a la edición anterior y pasó al puesto 105 de 180 países. Una investigación del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich cuantificó el efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico de los países: el deterioro en el IPC de una desviación estándar generaría una caída de 17% en el PBI per cápita en el largo plazo.

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Otro reflejo del bajo nivel institucional es el incumplimiento de contratos, que afecta la promoción de nuevas inversiones. Según la última edición del reporte Haciendo Negocios 2019 del Banco Mundial, el país alcanza el puesto 83 en 190 países en el indicador de cumplimiento de contratos. En esa línea, según cifras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), el Estado peruano es uno de los más demandados de la región por supuestas faltas a los acuerdos con empresas internacionales. En el período 2010-2021, se han registrado 34 demandas contra el Perú, superando ampliamente a lo registrado por sus pares de la Alianza del Pacífico como Chile (3), Colombia (17) y México (18). Además, las demandas han aumentado significativamente en el último lustro: el 71% de las denuncias contra el Estado peruano se concentran en el período 2017-2021.

Bajo un contexto de instituciones débiles, el liderazgo de los organismos públicos es fundamental para definir e impulsar la agenda de desarrollo del país. Sin embargo, la actual administración se ha caracterizado por cuestionados nombramientos que, en muchos casos, incumplen con los requisitos necesarios para el cargo. Los tres primeros titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros en estos seis meses de Gobierno permanecieron en el cargo 2,1 meses en promedio, el tiempo más corto (de cambio de Gabinete) de los últimos 132 años [Ver infografía]. Al respecto, un estudio publicado por el FMI - en el que se analizan distintas economías- encuentra que un cambio de gabinete adicional por año podría reducir el crecimiento del PBI per cápita en 2,4 puntos porcentuales, debido a que la inestabilidad política deteriora la productividad y la acumulación de capital humano en el gobierno.

Posible ruta

En el corto plazo, David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, señala que urge retomar la institucionalidad fiscal del país. Para Tuesta resulta necesario fortalecer la independencia técnica del Consejo Fiscal, a fin de evitar potenciales presiones políticas del titular de turno del MEF. Para lograrlo, el especialista indica que es clave asegurar la autonomía en el proceso de elección de sus miembros y considerar la designación de un presupuesto independiente, de modo que la institución cuente con los recursos necesarios para atraer el talento adecuado.

“La debilidad institucional en otros aspectos se ha traducido, por ejemplo, en una alta percepción de la corrupción”.

Hacia el mediano plazo, las reformas necesarias para fortalecer y mejorar el funcionamiento de las instituciones requieren, en muchos casos, cambios estructurales que demandan un período de maduración y disciplina en la implementación progresiva de políticas públicas. Según Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, la aplicación de dichas reformas se beneficia de una ruta de desarrollo clara. Para Segura, la potencial adhesión del Perú a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) podría representar una oportunidad para establecer una agenda de fortalecimiento institucional. Dicho proceso obligaría al tránsito hacia los estándares y prácticas aplicados por los países de la OCDE en aspectos como la gobernanza pública, la implementación de políticas anticorrupción, entre otros.

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