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El Gobierno cerró el año con una nueva regulación sobre asociaciones público-privadas (APP), a través de las cuales el sector privado realiza obras públicas.
Desde setiembre, cuando emitió la nueva ley, el sector privado activó las alarmas, pues consideró que las nuevas reglas restaban atractivo al mecanismo de inversión de iniciativas privadas. José Luis Escaffi, de Apoyo Consultoría, explica los puntos más controvertidos.
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¿Qué opina sobre el cambio de la ley de asociaciones público-privadas?
El mecanismo de APP venía funcionando muy bien. El mercado esperaba más normas que facilitaran la ejecución de obras [pero no fue así]. Es como que te diga que vengas a arreglar tuberías y conductos eléctricos, pero tú decidas remodelar toda la casa. No era necesario que se cambie tanto el marco legal.
El Gobierno indicó que unificaría la regulación.
Se dice que se buscaba un texto único ordenado, pero si lees la norma aún tienes que referirte a otras leyes, entonces no es tan ‘texto único’. Y la manera como la ley fue redactada no fue la más adecuada, porque todos esperaban el reglamento para entenderla.
¿Qué le pareció el proyecto del reglamento que se difundió entre algunos grupos de interés?
Es un reglamento bien escrito, pero hay cosas en la ley que han vuelto el modelo de APP un poco inferior al que tenías antes.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, para muchos es muy preocupante que se haya creado el sistema funcional de inversión privada, donde el MEF tiene una capacidad casi vinculante de interpretación de la normativa. Hay mucha gente a la que le preocuparía que el MEF decida qué es una infraestructura pública, qué es un servicio público o un servicio de apoyo a uno público. Todo el mundo entendería que para eso están los ministerios.
¿Qué ha preocupado al sector privado respecto a este nuevo rol del MEF?
Le ha preocupado mucho que una dirección de tercer nivel de línea [inferior] dicte qué tiene que ejecutar Pro Inversión, la cual tiene cinco ministros de Estado [en su Consejo Directivo]. La fortaleza de Pro Inversión siempre fue ser el órgano especializado para la estructuración de APP y concesiones; además, desde su directorio coordinaba con los demás ministros.
¿Considera que ha quedado relegada Pro Inversión?
Nadie niega que el MEF tenga que ser el órgano con opinión vinculante acerca de si hay capacidad fiscal o no. Nadie discute que el MEF sea el que diga si hay capacidad de financiamiento o no; eso es consustancial al MEF. El Perú quiere eso: que haya un blindaje sobre el endeudamiento, el gasto sensato.
Pero si de lo que se trataba era crear estándares de conducta de todas las entidades de los tres niveles de gobierno respecto a procedimientos de trámites de evaluación, admisión a trámite, etc., Pro Inversión puede hacerlo muy bien. Lo ha venido haciendo a lo largo de muchos años. Tiene todos los libros blancos de sus procesos, todos los modelos contractuales, los registros de las concesiones dadas. No tenías por qué crear un registro único en el MEF, si ya lo tenía Pro Inversión. Pro Inversión podría haber contratado consultorías para ver qué cláusulas son estándares y han funcionado bien y tener un contrato estándar.
¿Cómo entender las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC)?
Como un mecanismo que complementa las capacidades del Estado y apoya al Estado a hacer estudios de factibilidad complejos para proyectos complejos, donde incluso los privados pueden ayudar a juntar a todas las entidades del Estado que están involucradas.
¿Cómo resume lo sucedido con las asociaciones público-privadas?
El Gobierno decidió correctamente regular desde el 2013 las IPC y optó por crear una especie de concurso ‘Perú tiene talento’, un concurso de belleza: ‘miss APP’. Cuando dise- ñaron eso no esperaban la reacción de los participantes. En el 2014 recibieron en la ventana 65 iniciativas. Al final, declararon de relevancia a 24. Pero en la ventana del 2015, recibieron 157. La percepción es que no estuvieron preparados para administrar esas ventanas.
¿Qué esperar de lo que queda de gobierno?
Esperemos que acelere todo lo que tiene en Pro Inversión en cuanto a iniciativas. Se debiera facilitar todas las concesiones otorgadas y que tienen problemas de interferencias, expropiaciones, servidumbres, derechos de vía, permisos, etc. Este gobierno ha dado señales y leyes claras para facilitar las expropiaciones, por lo menos para los que tienen títulos formales.
