Presentan proyecto de ley para regular fusiones empresariales

Esta tarde fue admitido a trámite en el Congreso el proyecto de ley 2604 para regular las fusiones y adquisiciones empresariales.

Se espera que la iniciativa, formulada por el congresista Jorge del Castillo, sea debatida y votada en la Comisiones de Economía y la Comisión de Defensa del Consumidor.

Luego de dos importantes ‘deals’ de fusiones y adquisiciones (M&A) en el Perú en lo que va del año, en el Congreso de la República se reactivó el debate de la necesidad de establecer alguna norma de control previo de estas transacciones. El grupo Pro Inversión y Generación de Empleo del Parlamento remitió un informe a la Comisión de Economía que incluye un proyecto de ley para regular este control.

El detalle de la norma señala que, si dos o más empresas quieren hacer un acuerdo de fusión o adquisición, deberán pasar por el control previo si sus ventas conjuntas –dentro del territorio nacional– durante el año previo suman 120 mil unidades impositivas tributarias (UIT) –este año estipulado en S/480 millones– o más. Además, si al menos dos firmas involucradas alcanzaron ventas por 20 mil UIT, también estarán sujetas a la norma.

La definición de estos umbrales es, según el criterio técnico que expresara el Indecopi durante el debate del tema en el Congreso, una idea correcta.

“Eso constituye la mejor práctica internacional y facilitaría muchísimo al mercado entender quiénes deben pasar por el proceso y quiénes no”, apuntó el gerente general de la entidad, Javier Coronado.

REVÉS COMPETITIVO

Los principales gremios empresariales del país se han pronunciado en contra de una medida de este tipo, pues consideran que tendrá impacto negativo en la competitividad del país, porque requeriría más recursos financieros y técnicos, y sería, además, inconstitucional.

Así, por ejemplo, para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), es innecesario establecer un control ex ante de las operaciones de M&A, cuando ya existe un control ex post que restringe el abuso de posición de dominio.

Más aun, anota que el Indecopi necesitaría recursos extra para implementar este control. Si el Congreso asignara recursos al organismo (estimados en S/5 millones al año), sería inconstitucional, advierte la Confiep.

“Los efectos favorables son la generación de economías de escala, así como la adquisición de nuevos conocimientos y recursos que lleven a que la producción o distribución de productos se realice a un menor costo y de manera más rápida, generando beneficios para los consumidores”, anota.

En esa línea, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) consideró que con la norma se restringiría la capacidad de competir del país en el ámbito internacional, al inhibir la obtención de economías de escala, transferencia tecnológica e innovación que las fusiones y adquisiciones posibilitan.

“Existe amplia evidencia cuantitativa y cualitativa que demuestra que el control previo (ex ante) de fusiones y adquisiciones es un mecanismo con altos costos públicos y privados que no es idóneo para preservar la competencia”, cuestionan los industriales.

En tanto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Cómex-Perú) resaltó que la Constitución Política del Perú no impide la formación de monopolios, pero sí el combate las posturas ilegítimas.

El único gremio que no se mostró en contra del control, pero sí realizó objeciones al diseño de la norma, fue la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

ONU Y OCDE SALUDAN INICIATIVA

La iniciativa de regular previamente las fusiones y adquisiciones recibió reacciones positivas de organismos internacionales. Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) subrayó que este control es uno de los principales pilares de un régimen de defensa de la competencia; que además está alineado con los estándares internacionales de cómo hacer esta regulación.

Antonio Gomes, jefe de la División de la Competencia de la OCDE, consideró que el adoptar esta medida es positivo para el país.

“Una norma de control de fusiones puede lograr estructuras de mercado que permitan enfrentar efectos anticompetitivos significativos, difíciles de abordar con eficacia con otras herramientas”, sostuvo el funcionario.

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