Las asociaciones público privadas (APP) están bajo la lupa a raíz de la denuncias de corrupción contra Odebrecht, que ha liderado varios consorcios en la mira. Así, se cuestiona la forma cómo las empresas muchas veces se benefician ilícitamente de las obras públicas, respecto de las cuales contratan con el Estado.
José Luis Guasch, especialista en APP y ex funcionario del Banco Mundial, explicó en Canal N que las APP en sí mismas no son el problema -de hecho, él se declara "un fehaciente creyente de las APP como un instrumento altamente apropiado e interesante sobre todo para cerrar la brecha de infraestructura"-. El problema es la forma cómo son estructuradas. Este es el motivo que en el Perú, al igual que en otros países, las APP sean vulnerables a la corrupción o al manejo político.
El especialista comentó que es común que las empresas manipulen las bases del contrato o hagan ofertas agresivas para ganar las concesiones. Guasch explicó que las ofertas agresivas son aquellas en las que la empresa privada pone una oferta muy baja para garantizar que se le adjudique el proyecto. Por ejemplo, si el criterio para adjudicar un proyecto es solicitar el monto de subsidio al Estado, la empresa pide el menor monto posible, pese a que con este monto pierde plata.
La lógica de la empresa, sin embargo, es renegociar el contrato (buscar adendas) al poco tiempo de haber sido firmado el acuerdo. “En el Perú las adendas han sido la norma”, aseguró Guasch. Colocó como ejemplo el caso del sector de transporte: en 30 proyectos ha habido 104 adendas; la carretera IIRSA Sur tuvo 22 adendas.
Pero nuevamente, las adendas no son el problema en sí mismas, sino el uso que se hace de ellas. "Hay adendas correctas y apropiados que sí se necesitan -por ejemplo, ante la demora del Estado en entregar los terrenos necesarios para el proyecto-, y hay otras que son oportunistas y buscan generar ingresos y rentas a los concesionarios, sobre todo cuando ha habido apuestas agresivas”, detalló el experto.
Una forma de eliminar la cantidad de adendas oportunistas es mejorar la elaboración de los proyectos antes de ser entregados en concesión. "En el Perú, y en otros países, los proyectos se lanzan crudos; es decir, no maduros. Eso obviamente te genera alta incertidumbre, que te generará la necesidad de adendas, porque no están bien definidos. Y una vez que las adendas están sobre la mesa, hay campo fértil para la corrupción", señalo Guasch.
El especialista también opinó que el gobierno debe ser firme a fin de evitar adendas oportunistas, al punto de cancelar concesiones. “Si me dices que los números no te cuadran y necesitas que se te reduzca las tarifas, por ejemplo, la respuesta del gobierno debería ser: 'tu firmaste este contrato, no estás dispuesto a seguirlo, lo siento'. Y buscamos a otro [concesionario]”, dice.
Pero también es consciente de lo difícil que es seguir esta postura. “En el mundo desde que empezaron las APP no mas del 3% las APP se han cancelado”, justamente porque hay factores de corrupción y de costos de transacción que impiden esto, explica Guasch. Los costos de transacción a los que se refiere son el costo político y la necesidad de cerrar brechas de infraestructura. Por ejemplo, volver a concursar un proyecto tomaría por lo menos un año.
Sin embargo, existe otra forma de reducir los casos de corrupción vía adendas: permitir el acceso al proyecto de adenda, tal como sucede actualmente en el Perú. De esta forma, "los medios de comunicación y la sociedad civil tienen acceso [a éste]. Todo eso quizás no te elimina completamente [la corrupción] pero te hace mucho más difícil el trabajo de la corrupción, porque ahí tienes que coimear a un montón de gente", dijo Guasch.