A Perú le hace falta implementar más de 1.700 establecimientos de salud de primer nivel, según el último Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud. Y como si este no fuera el mayor desafío en medio de la pandemia de COVID-19 –teniendo en cuenta que son espacios clave para contener el avance de una enfermedad–, el 97% de los que actualmente existe cuenta con capacidad instalada inadecuada –lo que se traduce en infraestructura precaria y equipamiento inoperativo o insuficiente–.
Así las cosas, asistir este déficit tendría que ser una de las tareas prioritarias de la siguiente administración que llegue a Palacio. Más aún si se tiene en cuenta que, mientras el presupuesto en salud se fue incrementando en la última década, los hospitales a nivel nacional no dejaban de colapsar en su lucha por contrarrestar el coronavirus.
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“[Implementar] infraestructura de salud no es tan fácil como [construir] una casa. Hacerlo implica el uso de materiales no porosos –porque [de serlo] serían contaminantes–, pensar en las medidas de las puertas –porque tienen que pasar las camillas… hay una serie de requisitos que necesitan cierto nivel de especialidad”, anota Vilma Montañez, economista y doctora en Gobierno y Administración Pública.
A ello, agrega la especialista, se suma el hecho de que en las regiones se observan problemáticas relacionadas al catastro y saneamiento legal de los terrenos. “Por ejemplo, un requisito es que [los establecimientos] no pueden estar cerca a zonas contaminadas, como un mercado. A veces se consiguen terrenos, pero estos no reúnen las características necesarias y la seguridad para construir allí un establecimiento de salud”, apunta.
“En el caso de los establecimientos del primer nivel de atención se debe seguir la Norma Técnica de Salud (NTS) 113 y en el caso de salud del segundo y tercer nivel de atención corresponde a las NTS 110 y 119”, especifican desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
Precisamente, la NTS 113 establece que el terreno a destinar para la construcción de un establecimiento de salud debe contar con servicios básicos de agua, desagüe y/o alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones y gas natural. Así también, debe ser accesible acorde a la infraestructura vial existente. A la fecha, sin embargo, se conoce que la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) registra un nivel de ejecución de 3,3% tras su implementación en el 2019.
Al respecto, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) identificó que en el país existen 122 proyectos de infraestructura pública con una inversión pendiente de ejecución de US$6.095 millones. Al desagregar los datos, se evidenció que el sector transportes concentraba el 52% de las obras, en tanto que 20 pertenecían a la cartera de salud.
“Hemos tomado un proyecto, que es el Hospital Regional de Puno –por US$110 millones– y que se ha avanzado el 31% en casi cinco años. De acuerdo a los estudios, estaba programado para culminarse en dos”, afirma el jefe del IEDEP, Óscar Chávez.
“Hay calidad insuficiente en los estudios de preinversión, expedientes técnicos y documentación previa que, cuando se empiezan a ejecutar las obras, hace que la ejecución se demore mucho más porque hay aspectos no previstos”, remarca Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP).
Es así que apuntar hacia la construcción de más establecimientos requirió siempre de un trabajo articulado. Y aunque los esfuerzos de distintos actores no lograron alcanzar este propósito, en el 2014 se creó el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), y que tendría una vigencia de 15 años. Tras ello, según consta en el decreto supremo que avala su creación, se efectuaría una evaluación de su impacto para considerar las modificaciones a realizar en el mismo.
A la fecha, y conforme a lo constatado, el Pronis cuenta con una cartera de 11 obras en ejecución que suman un monto de S/ 990,2 millones al 2020. Nuestro suplemento buscó conocer la opinión de la entidad, mas ello no fue posible.
Las tareas pendientes para atender la brecha
Uno de los puntos claves que resaltan los especialistas es el monitoreo de las inversiones realizadas por los gobiernos regionales y locales.
En el reporte Eficacia del Gasto, elaborado por ComexPerú, se resalta que, en promedio, los gobiernos regionales ejecutaron aproximadamente un 68% de su presupuesto en el 2020.
“El proceso de descentralización, en mi concepto, fue abandonado por el Gobierno Nacional, que transfirió funciones y facultades; pero el Ministerio de Salud no ha acompañado el proceso”, subraya el exministro de Salud, Abel Salinas.
En vista de atender esta problemática, Salinas sugiere la búsqueda de mecanismos que reconozcan el liderazgo de las comunidades y de los gobiernos regionales.
“Creo que hay que transferir rápidamente para contrarrestar la pandemia”, remarca.
Flor de María Philipps, directora del MBA de Salud EPG de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), apunta que dado el contexto, urge trabajar en la priorización del primer nivel de atención, en el que existen distintas estrategias para impulsar el desarrollo de su infraestructura. Atendiendo al mismo, se puede descongestionar las prestaciones de salud en los hospitales.
“La primera [forma] es la inversión tradicional, que es manejada de manera pública y con el acompañamiento de la Contraloría. Pero también existe el modelo de Asociación Público-Privada (APP), a través del cual se podría reconstruir, remodelar o construir en los establecimientos de salud”, comenta.
A la par de ello, la expresidenta de Essalud, Virgina Baffigo, afirma que “hace falta asumir como un sentido de urgencia cada uno de estos proyectos de infraestructura”, en vista de agilizar dificultades relacionadas a temas técnicos o legales, por ejemplo.
“Sería muy importante que hubiera una autoridad centralizadora que pudiera estar a cargo, por lo menos, de la edificación de los proyectos hospitalarios de más alta complejidad, porque no todas las autoridades regionales tienen la especialización y disponibilidad de recursos humanos profesionales”, menciona.
A su turno, Gaviño agrega que se debe identificar a los actores de todo el proceso y el rol que desempeñan dentro del sector.
“Una vez que tenemos claro el mapa de todos los que intervienen, y podamos mejorar procesos en base a esa articulación, vamos a poder hacer una mejor planificación o programación de las inversiones que tenemos”, indica.
Infraestructura en el corto plazo
Atender la emergencia sanitaria requiere de obras que puedan ser ejecutadas con rapidez y que, al mismo tiempo, puedan ser sostenibles en el tiempo. Ante un trabajo de largo aliento y el poco tiempo, el Pronis ha venido implementando hospitales modulares prefabricados en distintas regiones del Perú.
Uno de estos casos es el de Ica, en donde se trabaja en la instalación del primer Módulo de Atención Temporal (MAT) en el país y que contará con 30 camas de hospitalización.
“Esta infraestructura s un poco más rápida en ejecutar y más flexible. Se adecúa a la demanda de cada lugar”, explica a su turno Gaviño.
Asimismo, se encuentra en proceso la ejecución de dos Módulos de Atención en Salud Intercultural (MAS-I) en Loreto, precisamente para las zonas de Nuevo Andoas y Nueva Alianza.
Desde el Pronis se había informado también que, durante este año, se tiene programado realizar 209 asistencias técnicas permanentes en saneamiento físico legal, 16 estudios de preinversión, 43 expedientes técnicos y 9 obras.
Precisaron que estas se ubican en los departamentos de La Libertad, Apurímac, Áncash, Cusco, Huancavelica y Puno.
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