Las empresas inmobiliarias estarán obligadas a colocar avisos totalmente visibles para que los compradores puedan acceder a las centrales de riesgo y constatar si estas tienen sanciones por deficiencias en construcciones, estafas o demoras en entregas.
Esta iniciativa legal fue aprobada por las comisiones de Vivienda y de Defensa del Consumidor, según informó el vicepresidente de la Comisión de Vivienda, Carlos Bruce.
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El parlamentario indicó que la propuesta se tendrá que debatir en el Pleno del Congreso en la próxima legislatura, en agosto.Según mencionó, con datos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hay unas 8,000 inmobiliarias y constructoras informales que venden predios sin garantías.
Agregó que a diciembre del 2014, solo se habían registrado unas 5,500 empresas en la Central de Información sobre Promotores Inmobiliarios y Empresas Constructoras, herramienta creada para evitar estafas y fraudes en el sector.
"Una vez aprobado en el Pleno del Congreso este proyecto de ley debe implementarse de manera rápida ya que el mercado inmobiliario sigue dando muestras de comportamientos de malos proveedores que atentan contra los derechos de los compradores", aseveró.