Mañana empieza devolución monetaria a clientes de Caja de Pisco
Mañana empieza devolución monetaria a clientes de Caja de Pisco

En esta efervescente discusión que ha destapado el proyecto en el Congreso para liberalizar los fondos de las cuando las personas lleguen a los 65 años de edad, el ha permanecido prácticamente en silencio; pero hay dos temas que sí son de su competencia y que podrían ser atendidos en el cortísimo plazo, si se incluyen en el Presupuesto de la República que será aprobado en estos días.

El primero está relacionado con la innumerable cantidad de empresas que durante años le descontaron a sus trabajadores parte de su sueldo para cotizar a una AFP –alrededor del 13% de la remuneración mensual- y que no cumplieron con hacer el abono respectivo.

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Estos trabajadores no tienen el dinero ahorrado en su fondo, no podrán beneficiarse con la rentabilidad que gane el resto de afiliados y no contarán con una pensión al llegar a los 65 años. 

Se estima que son S/.500 millones (S/.4.000 millones con intereses) los que deben las empresas públicas, gobiernos regionales y locales y el gobierno nacional por este concepto a las AFP. Y aunque haya sido en otra gestión, ¿está bien no hacer nada ahora?

El MEF tiene la oportunidad de corregir este abuso e incluir en el presupuesto el pago de la deuda previsional, obviamente en las mejores condiciones para el afiliado que ha sido perjudicado y de manera fraccionada para no desequilibrar las cuentas fiscales.

¿Hacemos algo al respecto o nos sentamos a esperar a que cuando lleguen a los 65 años, nuestros pensionables sin pensión, hagan su reclamo -como en el caso del Fonavi- para que recién se les devuelva su dinero? 

El segundo tema se vincula con la urgente necesidad de que se modifiquen las condiciones para que los afiliados a la reciban su pensión. Hoy se señala que deben cumplir 65 años de edad y acreditar 20 años de aportaciones. Según las cifras mencionadas en las audiencias públicas del Congreso, hay al menos 60.000 personas que no van a recibir pensión porque no cuentan con los 20 años de contribuciones. ¿Es decir que el Estado se va a apropiar de su dinero?

Como el Congreso no puede presentar proyectos de ley que supongan iniciativa de gasto, está en manos del Poder Ejecutivo y concretamente en las del MEF asumir la responsabilidad de reconocer la deuda con los trabajadores afiliados (cuyos aportes les adeudan los gobiernos y las empresas públicas) y definir, asimismo, las transferencias necesarias para que los afiliados a la ONP que lleguen a los 65 años sí cuenten con una pensión (proporcional a la fracción de años aportados), aunque no cumplan con los 20 años.

Este aumento en el gasto requiere evidentemente una reducción en otros rubros. Pero además es vital hacer algo con la ONP, que hoy está siendo subsidiada con transferencias del Estado para el pago de pensiones.

Si se quiere propiciar la competencia, la comisión que cobra la ONP también debería reducirse y valdría la pena preguntarse si esta se puede convertir en una “AFP estatal” o, en cambio, en la entidad que actuará como centro de recaudaciones de las pensiones “solidarias”, en el que hay aporte privado y estatal, para asegurar la pensión mínima.
El Estado no puede quedar al margen de la reforma de pensiones porque su deber es proteger a cada uno de los ciudadanos.

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