El 86% de peruanos considera que la minería ilegal debe ser atendida por el actual gobierno, a su vez, 67% resalta que debe ser una prioridad, según una encuesta realizada por Ipsos en mayo de 2024.
Adicionalmente, el sondeo de Ipsos señala que, para el 61% de peruanos, una de las principales barreras para la lucha contra la minería ilegal es la corrupción de las autoridades. Además, el 57% considera que el actual Congreso de la República obstaculiza dicha lucha.
En esa misma línea, la Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) manifestó que Madre de Dios continúa manteniéndose como el principal foco de minería ilegal en la Amazonía peruana.
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“Esta actividad ilícita ha causado la deforestación de más de 31 mil hectáreas en los últimos 20 años, así como graves daños a la salud de las personas por la contaminación a causa del mercurio”, sostiene el comunicado de FCDS Perú.
La FDCS Perú indica que la corrupción es un problema estructural que menoscaba el Estado de Derecho, que debilita la gobernanza ambiental al impedir el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar y sancionar la minería ilegal.
Al respecto, Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, señaló que “las constantes propuestas legislativas impulsadas por el Congreso son un acto complicado para mantener al país bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad que va más allá de la minería ilegal”.
Por otro lado, Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios , San Martín y Ucayali son las regiones más afectadas por esta actividad ilícita, según el informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El mismo estudio señala que en Madre de Dios “el problema se ha vuelto inmanejable”, con pérdidas de hasta US$593 millones entre 2022 y 2023.
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Además, informa que la minería ilegal atenta contra de la deforestación de bosques, contaminación de ríos, la biodiversidad, la salud de comunidades enteras, la paz social y la gobernabilidad.
Combatir esta problemática no recae solo en manos del Congreso. De acuerdo a los datos de Ipsos, el 60% de los encuestados piensa que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debería liderar la lucha contra la minería ilegal. En tanto, el 41% cree que debería hacerlo el Ministerio del Ambiente (Minam). Mientras, que un 18% responsabiliza a los gobiernos regionales.
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