Mivivienda: Privados esperan segunda prórroga para subsidios

“Si no nos escucha el Fondo Mivivienda, será el ministerio [de Vivienda, Construcción y Saneamiento]. Si no nos escucha el ministerio, será la Presidencia del Consejo de Ministros; y si no, tendremos que recurrir al presidente de la República para ver si nos escucha. Pero no nos podemos callar”, señaló a El Comercio a mediados de diciembre Gustavo Rizo-Patrón, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú). 

Su preocupación, compartida por todo el sector construcción, se debía a las medidas que había anunciado el Gobierno con relación al Bono del Buen Pagador (BBP): el subsidio ya no sería aplicado para viviendas que superasen las 38 UIT (S/153.900) a partir del 1 de enero del 2017 y se concentraría en viviendas de menor precio. 

Es decir, desaparecerían S/12.500 de la cuenta del aspirante a comprador de una vivienda cuyo precio fuera mayor a los S/153.900. Pero no solo el comprador se quedaba sin el subsidio, sino que el vendedor también se quedaba sin venta. 

Sin embargo, los gremios se hicieron escuchar. El 3 de enero, el ministro de Vivienda Edmer Trujillo anunció la prórroga de la entrada en vigencia de la eliminación del subsidio hasta inicios de abril –aún falta la publicación de la norma–. Esto pese a que la semana anterior había señalado que no daría marcha atrás no obstante el desacuerdo con el sector privado. 

90 DÍAS MÁS
“Estamos prorrogando hasta 90 días para acoger todo lo que está en proceso en la tubería de los bancos”, explica a El Comercio Alejandro Niezen, presidente del Fondo Mivivienda.  De ahí que sea de prever que los actores del sector privado pisen el acelerador a fondo en estos tres meses. 

“Hay que correr con esto. Las calificaciones de los créditos muchas veces demoran 45 días, así que no queda mucho tiempo. Pero, por lo menos, tenemos 90 días más con este sistema”, señala Rodolfo Bragagnini, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Los bancos consultados para este informe optaron por no opinar sobre la prórroga. Pero El Comercio pudo conocer que cuando el Gobierno anunció en diciembre la eliminación del BBP para un segmento durante una reunión con el sector privado, uno de los bancos con mayor participación en el mercado de créditos Mivivienda cuestionó que al 1 de enero fuera tiempo suficiente para que se hicieran las modificaciones internas correspondientes a la eliminación del subsidio. “Eso demoraría, por lo menos, cinco o seis meses”, explicó este banco en esa ocasión. Una fuente que estuvo presente en la reunión cuenta que las críticas hacia el Gobierno no se hicieron esperar. 

SIN CEDER
Se podría decir que no hubo una coordinación entre los sectores público y el privado. El anuncio de la prórroga cayó como un respiro necesario, luego de la seguridad con la que el ministerio afirmó que a partir del 1 de enero empezaba a regir la nueva tabla de subsidios. Pese a ello, Bragagnini prefiere no centrar la atención en la falta de consenso que existió alrededor de los cambios señalados por el Gobierno en diciembre; y opta por una visión positiva: el Gobierno ha dado un plazo de 90 días para que el efecto en el mercado no sea tan brusco.

“Este [plazo] es un tiempo para hacer análisis para que los cambios que se realizan tengan resultados. Los cambios que está haciendo el Gobierno están bien, lo único que está mal son los tiempos. No puedes cambiar una regla de juego en 60 o 90 días”, dice Bragagnini. 

Sin embargo, este optimismo no evita que en el corto plazo vuelva a haber un desacuerdo entre estos actores. 

De hecho, el sector privado espera que una vez que concluya este plazo de 90 días, se evalúe una segunda prórroga, señala Ricardo Arbulú, presidente del Instituto de la Construcción y Desarrollo de Capeco, pues, para el ejecutivo, 90 días no es un plazo suficiente para amortiguar el efecto en el mercado. 

Pero el Gobierno no piensa de igual manera. “Consideramos que hasta marzo o comienzos de abril ya es suficiente plazo para que se adecúen”, indicó a El Comercio Alejandro Niezen, presidente del Fondo Mivivienda. 

Ante la posibilidad de que se dé una segunda prórroga, Niezen es claro: “¿Cuánto tiempo más vamos a estar prorrogando? Creo que no hay que restarle seriedad a las propuestas del Gobierno”.

Se dé o no una nueva prórroga a fines de marzo, Arbulú destaca que los repentinos cambios de reglas de juego generan desconfianza y eso resiente las inversiones. Y ya este primer aplazamiento ha surtido efecto negativo en la confianza por parte de los inversionistas pues ha generado incertidumbre.

El siguiente reto que tendrá el Gobierno será garantizar la oferta para los segmentos socioeconómicos más bajos que quiere beneficiar con la reasignación del BBP. Ya Rizo-Patrón adelantó que no existen suelos suficientes para esta oferta, y por tanto, proyectos