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Uno de los pilares en los que se sostienen los planes económicos de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski es la inversión en infraestructura. Sólo Odebrecht (ODB) Latinvest, unidad de negocio de la gigante brasilera cuya sede principal se encuentra en el Perú, incluye en su portafolio más de cinco proyectos ganados mediante una licitación estatal.
En nuestro país, la gran parte del sector infraestructura se encuentra concentrada en las obras públicas. En este escenario, ¿cómo afectará el escándalo actual a este mercado?
LAS CONSECUENCIAS
Para Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, la situación actual de la compañía brasilera es también una oportunidad para que el gobierno trabaje en una regulación más estricta para sus proveedores. “Hasta que el gobierno no dicte alguna medida que impida a empresas investigadas o ligadas a corrupción [a contratar con el Estado], no habrá ningún cambio formal. El gobierno debería aprovechar las circunstancias para analizar qué debe exigirle a las empresas con las que contrata”.
En esa línea, el especialista asegura que esto podría terminar reflejándose en reglas de ‘compliance’ (función que tienen las empresas para establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo) más estrictas para el sector corporativo. “Se necesita un doble control, el ‘compliance’ debería venir por parte de la empresa pero también del Estado”, agrega el abogado penalista Carlos Caro.
Asimismo, también se debería trabajar en la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. “No sé si lo van a incluir, pero hay algunos puntos ciegos que podrían mejorarse”, sostiene Defilippi.
Estas mejoras son necestias porque el sistema penal peruano no está preparado para el tipo de forma delictiva de este caso, que mezcla corrupción gubernamental, criminalidad organizada y corrupción empresarial.
“Necesitamos un sistema de responsabilidad penal de la empresa, como existe en EE.UU o Brasil, para que la misma corporación pueda responde directamente por hechos de corrupción doméstica”.
Frente a esto, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), resalta la reforma de ProInversión orientada, precisamente, a mejorar la selección y priorización de proyectos, la calidad y profundidad de los estudios, y la estandarización de cláusulas de los contratos para las Asociaciones Público-privadas (APP).
“Es necesario separar claramente las investigaciones, acciones y decisiones que se tomen respecto a casos de proyectos adjudicados donde se halle indicios de corrupción, de la continuidad de otros proyectos destrabados y del concurso y adjudicación de nuevos proyectos de APP e iniciativas privadas a cargo de ProInversión”, destaca Prialé.
SECTOR INFRAESTRUCTURA
Gran parte de los ingresos de Odebrecht en el Perú, asegura Defilippi, provienen de obras público-privadas. De hecho, según nuestros cálculos, son más de US$10 mil millones los que Odebrecht tiene comprometidos en nuestro país. ¿Qué pasaría si la empresa deja de operar en el Perú? Para él, esto no provocaría una desestabilización del sector, sino más bien un re-balance del mercado.
“En la medida que el demandante –el Estado– quiera obras, se van a hacer. El volumen de la demanda no va a disminuir. No es que ODB sea el único postor para las obras. Las empresas que ya no puedan contratar con el Estado tienen una participación [de mercado] que alguien más va a cubrir”, explica. Prialé agrega que es vital que la inversión en infraestructura no se paralice, pues es el camino para lograr el cierre de brechas y así atender las necesidades urgentes de la ciudadanía que recaen en agua y saneamiento, educación, entre otros.
FUTURO GRIS
Ayer, el Congreso pidió el congelamiento de los fondos de ODB a fin de garantizar un eventual pago de reparación civil a favor del Estado peruano. Esto se podría materializar mediante dos vías, según Caro. La primera sería la Unidad de Inteligencia Financia siempre y cuando se detecte que ODB este comprometida en un caso de lavado de activos. “Hasta el momento no se habla de lavado sino de corrupción”, explica .
Acudir a un juez, asegura, sería la segunda vía. No obstante, es necesario que la investigación se encuentre en una fase preparatoria en la que ya se hayan identificado las acciones delectivias concretas y las identidades de los posibles culpables. “El acuerdo entre la empresa y EE.UU da cuenta de hechos de corrupción ocurridos en el Perú en un período determinado, pero no hay detalle sobre las circunstancias, cantidades de dinero, nombres, entre otros. Es posible que esto se de en un futuro por el acuerdo que se acaba de firmar con la Fiscalía”, explica el abogado.
Por otro lado, en cuanto al futuro de ODB, Defilippi estima que no logrará obtener más contratos. “Aunque la gente que trabaja allí es excelente, al igual que los equipos con los que cuentan, nadie se les va a querer acercar. Probablemente, las obras que ya estén firmadas se concluyan, pero porque cambiar de proveedor es un proceso caro [...] La gran incógnita es como quedarán las empresas socias de Odebrecht en el Perú”.
Sobre ello, Caro explica que los activos de dichos socios no podrían ser embargados si, por ejemplo, son parte de un consorcio con la brasilera. En ese caso, sólo se podría embargar las acciones de ODB en esas compañías.
“Si [los socios] no conocían de las actividades [de ODB], son inocentes, pero si en algún momento se demuestra que alguna de estas empresas ha participado de manera directa o indirecta de actos delictivos, sus activos sí podrían ser embargados. De igual manera, se necesita que el caso esté más avanzado”, concluye el abogado.
