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Conforme a los criterios de
En el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo también se proponen cambios al marco normativo de las Asociaciones Público Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI). El documento, entregado al Congreso de la República en octubre pasado, también busca que el Gobierno tenga la posibilidad de legislar en materia tributaria, financiera y de reactivación económica.
“La propuesta que tenemos incluye varios medidas de reactivación económica y aceleración de la inversión privada. [...] Tenemos varias medidas planeadas por el lado de facilitar las APP, las grandes obras de infraestructura que hacen los sectores privados, que también están incorporados en la propuesta que estamos presentando al Congreso”, señaló Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, en una entrevista a RPP.
Poca claridad en APP
La meta del proyecto, según la sustentación de la solicitud del Ejecutivo es “mejorar y consolidar las reglas, criterios, financiamientos, competencias de las APP y proyectos en activos”.
En el Proyecto de Ley (PL) se especifica que se busca exceptuar a estos “de las licencias de habilitación urbana o de edificación”. Asimismo, empodera a las entidades públicas titulares de los proyectos “a financiar o ejecutar directamente las actividades e intervenciones para la liberación de interferencias [...] [e] imponer servidumbres en favor del Estado con carácter forzoso”.
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El documento indica que también se busca modificar otros puntos “relacionados con reglas, criterios, alcances, fuentes y mecanismos de financiamiento, funciones, competencias y procesos necesarios para promover la reactivación económica, la inversión privada y público privada”.
El pedido de facultades es poco explicativo respecto a los cambios que propone para las APP, señalan especialistas consultados por El Comercio. Según explican, la ley de APP en el pasado funcionó, llegando a tener niveles de inversión (sumados a los proyectos en activos) de US$9.979 millones en 2014 y US$3.087 en 2018.
“[El pedido de facultades] no dice nada. No es específico, por lo que pueden cambiar todo. No da un diagnóstico sobre qué exactamente quieren cambiar, lo que es peligroso. Esto es porque cuando se cambia un marco legal puede paralizar todo [lo avanzado] hasta que se apruebe, porque puede que después implementen una reforma grande”, advierte Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.
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Asimismo, las menciones acerca de delimitar las funciones específicas de las entidades públicas encargadas de la adjudicación de proyectos, aunque positivas a primera vista, carecen de detalle.
“Si precisar competencias significa que quede claro qué función realiza el regulador, Contraloría, qué competencias tiene Proinversión, es una buena noticia. Sin embargo, sigue siendo muy generalista. Me hubiera gustado más encontrar que tienen como meta el fortalecimiento de Proinversión o acotar las responsabilidades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el proceso”, señala Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad.
En los últimos años los procesos de adjudicación se ralentizaron y durante la pandemia la adjudicación de APP llegó a su punto más bajo. En 2020 solo se adjudicaron dos obras bajo esta modalidad, la Subestación Chincha Nueva y la Subestación Nazca Nueva, por una inversión conjunta de US$18,3 millones; en 2021 se entregó la buena pro de dos APP: la Línea de Transmisión Puerto Maldonado-Iberia y la Subestación Valle del Chira por un total de US$28 millones. En 2019, antes de la pandemia, los proyectos adjudicados tenían una inversión de US$414 millones; en 2018 ascendían a US$3.087 millones.
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A pesar de estas cifras, el presidente Pedro Castillo anunció durante su discurso durante el cierre del Cade Ejecutivos 2021 que podrían adjudicarse “hasta nueve proyectos” de APP que representan una inversión de US$2.800 millones durante el próximo año.
“Las APP no funcionan en ejecución porque has tenido cinco ministros en tres años y no ha habido coherencia desde el Estado [sobre su continuidad]. Entonces lo que deben hacer es centrarse en ejecutar proyectos y si hay algo que cambiar, debe decirlo puntualmente”, añade Segura.
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De esta manera, la mejor manera de impulsar las APP es que el Gobierno Central decida incorporar y sostener un equipo en el MEF que tenga facultades reales para sacar adelante estos proyectos.
“Hoy en día el principal problema de las APP es de gestión, de toma de decisiones. El objetivo debe ser que la administración pública funcione, pero sin gestión se seguirá en lo mismo de siempre, con muchos proyectos paralizados y APP que no avanzan”, señala Ronald Fernández Dávila, socio de infraestructura y proyectos del estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria.
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Infografía El Comercio
Mejor augurio en OxI
Por otro lado, el Gobierno sí dio más detalles respecto a sus objetivos con las OxI. El PL busca “modificar el marco legal del mecanismo de OxI para ampliar sus fuentes de financiamiento y alcances, incluyendo a las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), las IOARR de Estado de Emergencia Nacional, así como las actividades de operación y mantenimiento”.
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De aprobarse las facultades, estas tres posibilidades se sumarían al marco actual de las OxI, el cual solo permite que se ejecuten proyectos de inversión declarados viables dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Además, se aumentarían sus fuentes de financiamiento.
“Es positivo que amplíen las fuentes de financiamiento en el sentido que hay gobiernos regionales que no generan mucho canon lo que limita su posibilidad de construir OxI, así como hay otros que sí pueden hacerlo, pero terminan usando el presupuesto en otros proyectos. También es positivo que se puedan hacer las IOARR, que son intervenciones públicas y proyectos más pequeños”, asegura Carrillo.
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El caso de operar y mantener infraestructuras pequeñas también puede ser una buena opción para expandir las posibilidades de ejecutar OxI. “Si hablas de proyectos que puedan implicar una infraestructura no tan grande, una planta de tratamiento o un sistema de generación, que se pueda realizar en favor de un gobierno local que no tenga el presupuesto para mantenerla o por un tema de operación que requiere de un sistema más especializado, es una buena medida”, afirma Fernández Dávila.
El presidente Castillo también anunció que este año ya se adjudicaron 38 proyectos de OxI por S/481 millones. Asimismo, espera dar la buena pro a otras 16 por una inversión total de S/132 millones “en los próximos meses”. De lograr esta meta antes de fin de año podría acercarse a las cifras del 2019 cuando se adjudicaron 27 inversiones de este tipo por S/571 millones.
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