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El presidente Pedro Castillo anunció en su cuenta de Twitter que el Gobierno evaluará “los contratos de cada concesionaria que eleve arbitrariamente sus costos” de peajes. Sin embargo, no profundizó en cuáles serían las concesionarias que incrementaron arbitrariamente las tarifas ni en qué consistiría esta evaluación.
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Desde esta semana los peajes de la Vía de Evitamiento y de Línea Amarilla suben a S/6,30, antes costaban S/5,90. Los peajes de Rutas de Lima pasarán de S/5,50 a S/6,50 desde el 21 de febrero. Los contratos de ambos fueron firmados con la Municipalidad Metropolitana de Lima, no con el Gobierno Central.
“Lo que corresponde aplicar en la actualidad es el reajuste por inflación, lo cual ocurre cada cierto tiempo. Esto está estipulado en el Contrato de Concesión firmado con la Municipalidad Metropolitana de Lima y permite pagar la deuda con la cual se financiaron las obras y dar continuidad a la operación y mantenimiento de las vías”, afirmó Rutas de Lima en un comunicado dirigido a El Comercio.
Actualmente, existen 16 concesiones de la Red Vial Nacional que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Ejecutivo y siete de ellos aumentarán sus peajes este año. Estas son la IIRSA Sur tramos 3 y 4, IIRSA Centro Tramo 2, IIRSA Norte, Tramo Vial dv. Quilca - Dv. Moquegua, Red Vial N°4 y la Autopista del Sol.
Sin marco legal
Según Flavio Ausejo, especialista de políticas públicas de la Universidad Católica, todos los contratos de concesiones viales establecen actualizaciones de las tarifas anualmente debido a factores como el tipo de cambio o el índice de precios al consumidor. Aplicarlas no sería una irregularidad.
Además, indicó que en caso de que el Gobierno modifique los términos unilateralmente, los concesionarios elevarían demandas de arbitraje. “Si vas unilateralmente contra un contrato ley, el Estado terminará con varias demandas ante el Ciadi”, resaltó.
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Asimismo, un cambio de las tarifas fuera de los términos del contrato afectaría directamente el equilibrio económico financiero de las concesiones, es decir, la proporcionalidad que existe entre los costos y beneficios de cada una de las partes en el momento de suscribir el contrato de Asociación Público Privada. “No puede haber incrementos fuera del marco contractual. Tiene que haber una equivalencia en las ganancias de ambas partes”, afirmó Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz.
Ambos especialistas coincidieron en que el mensaje de Pedro Castillo sobre la revisión de contratos contradice la narrativa en la que busca incentivar la inversión privada. “Si no respeta el marco contractual de concesiones, no respalda a su convocatoria a la inversión”, remarcó Salinas.
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“Anteayer el presidente dijo en Chachapoyas que invitaba a la inversión privada, pero horas después emitió un tuit que es una señal de inestabilidad para inversionistas que ya no pueden estar confiados en que los procesos de concesiones van a seguir por el marco legal en que se suscribieron”, sentenció Ausejo.
Este Diario buscó comunicarse con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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