Pensión y presupuesto: ¿Es sostenible el pago de una pensión universal como plantea el presidente Castillo?

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Si bien para alcanzar dicho objetivo el mandatario planteó la conformación de una comisión Ejecutivo-Legislativo, el anuncio subestima la real situación que enfrenta el sistema previsional peruano, la problemática del mercado laboral, así como la deteriorada capacidad fiscal generada por la pandemia.

La primera problemática sobre la meta que plantea el jefe de Estado es definir los criterios que harían que una pensión sea digna, debido a que no existe ningún parámetro o definición en la teoría económica.

Por ejemplo, para el profesor de Macroeconomía de la Universidad Continental, Juan Carlos Odar, una pensión digna podría referirse a los ingresos que tuvo el trabajador en su etapa laboral activa. Sin embargo, según Odar, las remuneraciones de la mayoría de trabajadores, en el Perú, no podrían calificar dentro de la categoría de digna, si se toma en cuenta el alto nivel de informalidad laboral que existe en nuestro país y las condiciones precarias del empleo.

Además, otra dificultad para establecer los criterios de una pensión digna es el punto de partida de este gobierno, en cuanto a las finanzas públicas. A decir de Odar, la nueva administración inicia con unos ingresos fiscales que todavía no se terminan de recuperar del impacto de la crisis sanitaria.

“Fijar una pensión como la que se busca implicaría asignar más recursos a un fin específico [como el de las pensiones] y quitarle a otras actividades. Además, reduciría la capacidad de gasto para atender otras necesidades”, explica el economista.

“El presidente ha hablado de gastar más en educación y salud y si le incluimos pensiones, se generará la necesidad de una mayor recaudación, sin que haya una política para aumentar la presión tributaria”, agrega Odar.

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Para César Abanto, socio del estudio Rodríguez Angobaldo, el anuncio de una prestación digna tanto en salud como en pensiones alude al monto, calidad y cantidad de la misma. Sin embargo, ello no implica que se cuente con los recursos que permitan no solo su otorgamiento, sino que se mantenga en el tiempo.

“En el caso de la ONP, la primera disposición final de la Constitución exige que cualquier reforma o ajuste cuente con la debida sostenibilidad, lo que implica el visto bueno del Ministerio de Economía”, apunta.

Dimensión del gasto

En la actualidad, el Estado gasta anualmente más de S/2.500 millones en financiar las planillas de Pensión 65 y ONP. Odar señala que si se toma en cuenta que dos tercios de la población adulta, mayor de 60 años, no está afiliada a un sistema previsional, y simuláramos que una pensión digna fuera equivalente a la renta mínima mensual que se ofrece en la ONP (S/500), el costo anual para el fisco superaría los S/9.000 millones al año.

Así, el costo total que asumiría el Estado por financiar tanto a los pensionistas actuales como a los dos tercios de la población adulta que no está afiliada a un sistema previsional, superaría los S/11.500 millones anuales, vale decir, 1,6 puntos del PBI.

Además, se debe tomar en cuenta que, por ejemplo, en la ONP alrededor de 55% de los beneficiarios son personas menores de 75 años, y la planilla de pagos mantiene una tendencia creciente, con lo cual, la obligación del Estado con el sistema público es de largo aliento. “Universalizar la pensión es más fácil que hacer que esta sea digna”, indica Odar.

Es en esa línea que César Abanto se inclina más a la posibilidad de que el Ejecutivo apueste por ampliar la cobertura de programas como Pensión 65 y Contigo; que son cubiertas en un 100% por el Estado y se ofrecen de manera bimestral a población en condición de pobreza extrema.

“El problema con estos programas son los filtros de beneficiarios, pues a veces personas que ya están afiliadas en alguna transferencia son incluidas”, asevera.

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Mayor competencia

El presidente también se refirió a que el sistema de pensiones tanto público como privado están en crisis. Justamente, una comisión del Congreso anterior diseñó una propuesta para reformar el sistema previsional, que planteaba la participación de otros jugadores en el mercado, con el propósito de fomentar la competencia.

Así, se propuso la participación de las entidades financieras. Por ejemplo, la Asociación de Microfinanzas (Asomif) sugirió que tanto la banca como las entidades de microfinanzas puedan captar los fondos previsionales para rentabilizarlos, bajo cuentas especiales de depósitos a plazo.

En opinión de Odar, si bien habría espacio para que ingresen un par de jugadores más al sistema privado de pensiones, estas nuevas empresas tendrían que estar dispuestas a ofrecer estrategias de inversión de largo plazo, de por lo menos 20 años, para competir con las AFP. Sin embargo, ese perfil de inversor no lo comparten las entidades de microfinancieras.

Por ejemplo, las agremiadas al Asomif, destinan los depósitos a operaciones de financiamiento de menor plazo, como los créditos a la pequeña empresa (52%), microempresa (25%) y de consumo (13%).

A lo anterior se suma que dichas captaciones, en los últimos cinco años, han crecido a la misma velocidad de las colocaciones, que presentan una tendencia decreciente, en línea con el desempeño de la economía.

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Más aún, las tasas de interés de los depósitos mayores a un año en estas entidades han registrado una tendencia a la baja en el último decenio, con lo cual un incremento de los depósitos en las microfinancieras podría exceder su capacidad para colocarlos.

Este último, ocasionaría que las tasas de interés disminuyan, afectando a los afiliados, con lo que no se alcanzarían los beneficios de una mayor competencia en el sistema.

Sobre la propuesta de trasladar los fondos previsionales al sistema microfinanciero, Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad Pacífico, considera que existen problemas de fondo y de forma.

“Hay que entender que aquellos inversionistas o especialistas en portafolio con un horizonte de largo plazo son muy distintos a los de corto plazo, en consecuencia, la cartera de una microfinanciera no es la misma que la de una AFP”, sostiene.

Para Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, hay barreras de entrada tanto regulatorias como estructurales que impiden que haya una mayor competencia, como el constante cambio de reglas de juego del sector por parte del Congreso y la rigidez regulatoria para crear productos atractivos para el afiliado.

En conclusión, para las autoridades es claro que el objetivo final de una reforma previsional es garantizar una pensión, lo que conlleva a la necesidad de aumentar la cobertura, pero los planteamientos para resolver el problema, hasta el momento, son equivocados.

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Para Ortiz, es importante entender la lógica de inversión de los fondos de pensiones, su rol en el mercado de capitales y su impacto en el desarrollo económico.

“Como estos fondos están pensados para que la gente retire su dinero en un muy largo plazo, participan en el mercado de capitales financiando proyectos de las empresas, como una suerte de competidor de la banca”, afirma.

Justamente, el rescate de los fondos de pensiones por parte de los afiliados, asociado con las normativas del Congreso, ha llevado a las AFP a dejar de financiar deuda de mediano plazo en el mercado de valores local, empujando a las empresas únicamente a la alternativa bancaria.

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