:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/L5FOHEJ36JBANAK63GGFSFIHVU.jpg)
El Pleno del Congreso aprobó la norma por la cual 11,917 trabajadores, entre personal profesional, no profesional, asistencial, técnicos y administrativo de EsSalud que se encuentran bajo el régimen CAS, serán incorporados al régimen laboral del DL 728, que les permitirá tener gratificaciones, CTS y escolaridad.
Un total de 98 congresistas apoyaron la iniciativa, pero la bancada oficialista dijo que la propuesta tenía visos de inconstitucionalidad, por lo que la congresista Mercedes Aráoz propuso como cuestión previa que el proyecto se envíe a las comisiones de Trabajo y de Constitución para un mayor estudio.
En el debate, la congresista Marisol Espinoza (APP) comentó que esta norma – que estaba orientada solo a los trabajadores de EsSalud- era un gran paso hacia la igualdad de derechos de los trabajadores y anunció que su bancada apoyaría la propuesta.
Igual opinión tuvo la congresista Karina Beteta (FP). Ella dijo que era oportuna su aprobación y una forma de hacer justicia a miles de “trabajadores explotados”. Del mismo modo, los congresistas del Frente Amplio, Filiberto Curro y Marco Arana, apoyaron la propuesta y opinaron que mejor sería que desaparezca el régimen CAS. Arana opinò que era ilegal que se haya permitido la aplicación del régimen CAS por muchos años a los trabajadores de EsSalud.
A su vez, Yonhy Lescano opinó que el principal problema de EsSalud era el servicio que prestaba a los afiliados; mientras que Rolando Reátegui dijo que le parecía extraño que el Poder Ejecutivo no haya pedido, dentro de las facultades legislativas al Congreso, la reforma del sistema de salud del país.
Con algunas modificaciones en su texto, propuestas por el congresista Javier Velásquez Quesquén, la presidencia de la mesa directiva –a cargo de la titular del Congreso, Luz Salgado, puso al voto el texto. Obtuvo 98 votos a favor y 15 abstenciones, y fue exonerada de segunda votación.
La norma aprobada precisa en su disposición final que la implementación al nuevo régimen no demandará recursos al tesoro público ni afectará el gasto e inversión en material, infraestructura y demás elementos necesarios para la prestación de los servicios.
