Viviana Gálvez

Cerca del 50% de renegociaciones de los contratos de  (APP) se firman en los tres primeros años de suscrito el contrato, concluyó la Contraloría General de la República a partir de una muestra de 10 contratos de APP que involucran proyectos de los sectores de transporte, saneamiento, energía, comunicaciones y agricultura. De las 39 adendas evaluadas, 35 se basaron en causas que pudieron ser previstas al momento de la firma del contrato, indicó Fuad Khoury, contralor general

Los principales motivos de renegociación fueron temas relacionados a las obras mismas –como modificaciones del expediente técnico y el incremento del presupuesto para la ejecución de obras adicionales no previstas, entre otros–; el financiamiento, a fin de volver el proyecto viable financieramente y permitir su bancabilidad; y el saneamiento y actualización del área de terrenos comprendidos en el proyecto. 

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ADENDAS NECESARIAS 
Khoury afirmó que pese a que uno espera menores márgenes de error en los contratos de Asociaciones Público Privadas –pues hoy existen herramientas más avanzadas para el análisis de proyectos–, los errores continúan dándose.

Por su lado, el sector privado señaló que no busca la renegociación posterior a la firma de los contratos, pero esta es necesaria, pues “los contratos son entes vivos; y la realidad supera el diseño previsto”, afirmó Gonzalo Ferraro, presidente ejecutivo de Infraestructura de Graña y Montero. 

Opinó igual Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN): “Es materialmente imposible prever [en el contrato] todas las posibles ocurrencias”. De ahí que las adendas sean inevitables.

Pero estas no son deseables por el sector privado, pues elevan los costos de transacción y por lo menos toman entre cuatro y seis meses, afirmó Ronald Fernández, del estudio Delmar-Ugarte Abogados. Opinó que las adendas por obras no podrán evitarse, pues “tenemos una realidad compleja”, pero sí minimizarse. De ahí la necesidad de mejorar los estudios de los proyectos, pues difieren mucho de la realidad: “hay puentes que no existen, hay zonas críticas no señaladas”. 

Juan José Cárdenas, del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas Abogados, consideró que las adendas no son malas en sí mismas; pero que a fin de evitarlas hay que reforzar las instituciones y dar garantías de que el proyecto es viable y bancarizable realmente. 

PROFESIONALIZAR EL PROCESO 
A propósito de la propuesta de la Contraloría General de la República para participar en la negociación de adendas, Gonzalo Ruiz, presidente de Osiptel –regulador de los servicios de telecomunicaciones–, opinó que esta apunta a fortalecer el proceso de decisión del sector público, que muchas veces actúa por temor a una sanción posterior. 

“Un informe preventivo de la contraloría en el proceso de adendas permitiría facilitar más que complicar la suscripción de las adendas”, señaló Ruiz.

Modificaciones analizadas por la contraloría

Por su parte, el contralor general Fuad Khoury afirmó que el control no es el problema. “La forma cómo nos acercamos a un modelo de asociación entre Estado y sector privado tiene que ver con la profesionalización de este modelo”.

Reiteró que la adenda no es el problema, sino “cómo construimos un buen contrato de Asociaciones Público Privadas que evite que haya sustantivamente mayores costos y que haya cambios de diseño”.

OBJETIVO DE ESTADO
Disminuir las renegociaciones posteriores a la firma del contrato de Asociaciones Público Privadas es uno de los objetivos que el Poder Ejecutivo busca como parte de las facultades legislativas otorgadas en junio. 

Una de las medidas para tal fin será definir mejor la matriz de asignación de riesgos, indicó a un medio local el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, a inicios de junio. El ministro señaló a El Comercio en julio que el MEF viene preparando un decreto legislativo sobre Asociaciones Público Privadas