¿Qué espera el sector empresarial para el 2020 y del nuevo Congreso?

Para la economía peruana, el 2019 ha sido retador y lleno de ajustes en términos de expectativas de crecimiento. En el mes de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esperaba una expansión del PBI peruano de 4,2% para este año; y este último mes de diciembre la ministra de Economía, Maria Antonieta Alva, reajustó la última cifra (2,6%) y señaló que esperan un crecimiento de 2,2%.

De cara al 2020, diversos sectores esperan anuncios y mejoras normativas que permitan un mayor dinamismo económico y una reactivación de las inversiones privadas. El Comercio realizó tres preguntas sobre estas expectativas a Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo e Hidrocarburos (SNMPE).

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1. ¿Cuáles son los principales desafíos que percibe para la economía y sus sectores en el 2020?

Yolanda Torriani: La lucha contra la informalidad y el trabajo en la mejora del clima de negocios para las inversiones. En nuestro país, la informalidad económica llega al 60,9%, la laboral es del 72% y el 84% de las medianas y pequeñas empresas son informales. [...] Hemos presentado al Gobierno un estudio con medidas concretas de políticas públicas respecto a aspectos tributarios y laborales para poner en marcha una reforma que reduzca , a ritmo acelerado, la informalidad económica, empresarial y laboral e incremente la productividad de empresas de menor escala.

Asimismo, debemos trabajar en la mejora del clima para las inversiones, ya que es necesario revertir la situación actual. Es importante también reforzar la institucionalidad en nuestro país, un factor que distintos organismos internacionales y las agencias calificadoras de riesgo siempre consideraron una de las debilidades del Perú. Ahora nuestras autoridades tienen el desafío de retomar el camino que permita la consolidación de nuestra instituciones.

Cayetana Aljovín: Trabajaremos para lograr que el Perú, que tiene todas las condiciones, pueda convertirse en una potencia atunera. Para lograrlo resulta necesario que se implemente un sistema de reintegro tributario del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible que utilizan estos barcos. Es un elemento que limita la competencia de nuestra flota con la de Ecuador, donde el combustible es tres veces más barato. Con esta medida se podría lograr el despegue esperado de esta industria, que es muy intensiva en mano de obra.

A todo ello habría que sumarle un aspecto crucial: el establecimiento de una política firme desde el Estado y la sociedad civil contra la pesca negra o ilegal. Esta actividad mueve más de US$ 23,000 millones a nivel mundial, depredando el mar, contaminando el ambiente y explotando a sus trabajadores, los cuales se encuentran en la absoluta informalidad.

Para el 2020 nos hemos puesto por objetivo [en el sector pesca] seguir trabajando en la ampliación y fortalecimiento de nuestros programas de sustentabilidad, así como en la reducción de las cargas regulatorias que nos hacen menos competitivos que países como Chile y los de la OCDE. Por otro lado tenemos el reto de reactivar el aprovechamiento de la biomasa de la anchoveta existente en el sur del Perú, con la apertura de algunas franjas para que la industria pesquera pueda capturar el recurso que, por las características geográficas de la zona, se encuentran más cercano de la costa.

Pablo de la Flor: El asfixiante burocratismo y la creciente conflictividad social son los dos principales desafíos de ambos sectores [minería e hidrocarburos]. Sobre las trabas burocráticas, se debe revisar el marco normativo vigente para simplificar y eliminar procedimientos que lejos de agregar valor, solo lo sustraen. Las principales trabas regulatorias han sido plenamente identificadas y abordadas en las Mesas Ejecutivas en las cuales el gremio ha alcanzado distintas sugerencias. En el caso de la minería, el Grupo de Trabajo creado por el Ejecutivo para la reforma del sector viene elaborando sus propuestas, las mismas que deberán ser revisadas por el Ejecutivo. Esperamos que las mismas se traduzcan en mejoras tangibles y significativas.

De otro lado, para revertir la conflictividad que golpea a las operaciones minero - energéticas es crucial que el Estado utilice de manera más eficiente los importantes recursos del canon y regalías (más de S/64.000 millones transferidos la última década) a fin de cerrar las enormes brechas sociales que persisten en las zonas productoras.

En el caso del sector hidrocarburos, seguimos arrastrando una grave crisis que se ve reflejada en la caída pronunciada de las inversiones y la retracción de la producción. De allí la gran necesidad de avanzar en la adopción de medidas facilitadoras como la extensión el plazo de los contratos petroleros (homologables al gas) y la revisión del régimen de regalías.

2. ¿Qué medidas considera necesarias para que el Perú retome los altos niveles de crecimiento?

Yolanda Torriani: Resulta fundamental incrementar la productividad y la competitividad. Ambos son determinantes para un crecimiento sostenido de nuestro país y han tenido resultados adversos en los últimos años. Esto explica el crecimiento de 2,2% que tendríamos este 2019 y el cual es el resultado más bajo que se tiene desde la crisis financiera internacional del 2009.

Hacia mediados de año nuestro Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) estimó que el Perú crecería entre 2,2% y 2,4% este año. Si bien este desempeño muestra un menor dinamismo de nuestra economía, es necesario afirmar que el Perú no se encuentra en una etapa de recesión sino de menor crecimiento, tendencia que puede revertirse. Para ello contamos con sólidos fundamentos macroeconómicos que destacan en la región. Con base en ello, para el 2020 esperamos que la economía se recupere a una tasa de 2,9% por el impulso en la demanda interna, la cual se expandiría en 3,6% debido a una mayor inversión privada (4,3%) y pública (5,1%). Esto significaría mejores resultados de los que tuvimos el 2019, pues la inversión privada ha crecido alrededor de 3,8% y la pública cercana a cero.

Cayetana Aljovín: El Estado debe generar un clima de confianza que le permita al sector privado retomar inversiones pospuestas. Se necesita un ambiente donde se garantice la seguridad jurídica y en el que las decisiones sean predecibles tanto en el ámbito administrativo como en lo judicial y congresal. Asimismo, resulta fundamental que se aterricen y pongan en marcha los planes de competitividad y de infraestructura, los cuales permitirán un nuevo impulso a la inversión privada y pública.

Pablo de la Flor: Si queremos recuperar el ritmo perdido, es necesario avanzar con la agenda de reformas pendientes. La prioridad inmediata debe estar puesta en desmontar el burocratismo y la tramitología vigentes. Otro frente de acción inmediata tendría que ser la reforma del sistema de inversión pública, cuyo mal desempeño nos viene restando dinamismo.

En paralelo, debemos seguir apuntalando nuestra precaria institucionalidad, impulsando la lucha contra la corrupción y apostando por el fortalecimiento del capital humano (salud y educación).

3. ¿Qué normas espera que priorice el Congreso el próximo año en materia económica y para sus sectores?

Yolanda Torriani: Propuestas de ley que involucren los planes nacionales de competitividad e infraestructura. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad así como el Plan Nacional de Infraestructura contienen una serie de propuestas que deben convertirse en proyectos de ley para ir avanzando en la consecución de los objetivos de ambos planes. Además, se debe consolidar la reforma política y judicial.

En caso que este nuevo Congreso proceda a revisar los decretos de urgencia dados por el gobierno en esta etapa que no tenemos Poder Legislativo, debería aprobar un conjunto de 10 de ellos que favorecen a la competitividad y productividad del Perú. Entre ellos podemos mencionar el DU 08-2019, que establece medidas extraordinarias para reactivar obras públicas paralizadas a nivel nacional; el DU 18-2019, que establece medidas extraordinarias para la implementación de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura; y el DU 1-2019, que contribuye a la ejecución de inversiones a través del gasto público.

Cayetana Aljovín: En el plano económico, el plazo del nuevo Congreso no permitirá hacer grandes reformas. Sin embargo, esperamos que los proyectos de ley se encaminen a mantener la estabilidad y seguridad jurídica que es imprescindible para reencontrarnos con el crecimiento económico. Así, una serie de proyectos que pueden mejorar las condiciones para la inversión privada deberían priorizarse en este nuevo Congreso.

Pablo de la Flor: Esperamos que el próximo Congreso ratifique los alcances del decreto de urgencia que prorroga la devolución del IGV a las inversiones en exploración, tanto para hidrocarburos como minería. Se trata de una medida fundamental para impulsar las actividades de las que dependen los hallazgos de nuevos yacimientos y recursos. También le corresponderá revisar y aprobar la propuesta de modificaciones del marco normativo minero que el Ejecutivo le alcance, y hacer lo propio con las modificaciones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que quedaron pendientes de discusión en el anterior Congreso. Esperemos que su actuación en estos ámbitos resulte constructiva y contribuya a fortalecer la competitividad de los dos sectores.