Esta semana se publicó la ley que declara de interés nacional la reactivación del turismo y establece medidas para su desarrollo sostenible.
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Esto, en un contexto donde este rubro registraría una contracción de 85% en el 2020, según estimó la Cámara Nacional del Turismo (Canatur). Se calcula que se dejarían de percibir US$10.000 millones.
Una de las primeras disposiciones es que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) debe elaborar y aprobar la “Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo” en un máximo de 30 días y con un horizonte al menos de tres años.
Canatur proyecta que el turismo interno recién a mediados del 2022 recuperaría su nivel prepandemia.
La norma también considera acciones en los tres niveles de gobierno. En este sentido, faculta a los gobiernos regionales y locales a asignar hasta un 10% de los recursos provenientes del canon para la promoción de proyectos turísticos.
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Entre las disposiciones complementarias, se establece aplicar el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF-Turismo) para prestadores de servicios o artesanos cuyos ingresos netos anuales del 2019 no superen las 2.300 UIT (S/10′120.000), entre otras características.
Los plazos de estas opciones varían entre los 12 y 36 meses. La Sunat debe elaborar la solicitud de acogimiento, que podrá presentarse hasta el 30 de junio del 2021.
Giorgio Balza, asociado principal de Cuatrecasas, explicó que el RAF para este sector resulta ser más barato y flexible que el normal.
Esto se da porque el interés aplicable a estos montos es de 30% de la tasa de interés moratorio, cuando en el normal es de 40%. Mientras que los plazos para los pagos son más amplios.
DESAZÓN EN EL SECTOR
Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), indicó que toda medida de ayuda es saludada, pero que esta ley resulta insuficiente para las demandas del sector.
“El fraccionamiento o aplazamiento de deudas no nos sirve si no estamos vendiendo nada”, indicó.
Para Canales, una de las medidas que urge es reducir el IGV, a fin de mejorar la oferta en el mercado y dinamizar el turismo interno.
Heddy Vílchez, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), subrayó que el sector requiere una ampliación del período de gracia a los créditos gubernamentales, pues “la facturación es cero”. Canales sostuvo que este plazo debería ser de 36 meses.
A su turno, José Koechlin, presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú (SPH), criticó que la norma excluya a las empresas con mayores ingresos a los establecidos en el texto, pues remarcó que todo el rubro está afectado.
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