¿Están en riesgo las inversiones peruanas en Venezuela?

En los últimos años, Venezuela disminuyó su calificación de riesgo casi al nivel de los países en guerra. Y ante la baja de los precios del petróleo, el control de divisas y un contexto desfavorable, muchas empresas decidieron cerrar sus operaciones en el vecino país latinoamericano.

Ese no fue el caso del peruano Dick Abanto, que el 2001 adquirió la empresa Ominivisión (dueña de Movilmax) otrora gigante en los servicios de televisión paga, con la visión de transformarla en la pionera de servicios de Internet de alta velocidad. Sin embargo, fue despojado de forma irregular de su compañía, según cuenta a El Comercio.

Sigue a Portafolio también en Facebook 

El pasado 2 de septiembre, explica Abanto, una junta interventora designada para un caso distinto al suyo, irrumpió a su propiedad sin identificación alguna y le negó el acceso a su firma, de 14 años en el mercado venezolano y cuarta operadora de ese país.

Y, pese a la denuncias interpuestas por los abogados de la empresa ante el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel, símil del MTC), el Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (CICPC), aún no recibe respuesta alguna.

¿Esta situación podría repetirse con otra firma peruana asentada en dicho país? Pues parece que sí, según cree Abanto. "Está en Venezuela Kola Real. Imagínese que si mañana llega una pandilla de gente a la planta [a tomarla] y no les hacen caso durante 4 meses, ¿qué van a decir las autoridades peruanas frente a esto?", advierte. 

"Igual Topitop, que tiene un comercio de textiles bastante interesante con los venezolanos y que sea, de la noche a la mañana, ilícitamente intervenidos por ilegales y que no se pronuncien las autoridades locales ni las peruanas, vamos a crear un caso de no protección mutua de las inversiones", añade.

Y es que tras invertir en el país unos US$15 millones y desplegar la primera banda ancha en el mundo de 2,5 GHz con tecnología WiMAX con un espectro valorizado en US$102 millones, ahora ven que sus proyectos de inversión en Venezuela se han visto paralizados ante la pérdida del control así como la creación de una marca (Patriacell) usufructuando su infraestructura.

EN BUSCA DE RESPALDO PERUANO
El dueño de Movilmax ya se reunió con representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, el Consulado General de Perú en Venezuela y Cancillería, que ya tienen conocimiento del caso y lo están analizando.

"Acá vemos que hay que proteger al inversionista. El dólar de un inversionista americano en el Perú vale tanto como el dólar invertido por un peruano en el extranjero", acotó.

En esa línea, el peruano de 55 años espera que el Gobierno emita una nota de protesta ante su caso. "Si el país (Venezuela) no vela por mantener sólidas bases de inversión extranjera, el origen de la inversión puede tomar cartas en el asunto con un llamado de atención a las autoridades venezolanas porque, de alguna manera, es un caso bilateral", puntualizó.

LEE TAMBIÉN...