La empresa Rutas de Lima, envió una carta dirigida a la atención de los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la cual les pide respetar el contrato entre la empresa y la municipalidad y abstenerse de realizar o apoyar todo tipo de actos que vayan en contra de la concesión.
Mediante la misiva, Rutas de Lima advierte que los funcionarios que participen o apoyen dichos actos incurrirán en ilícitos penales por lo que la empresa podrá tomar acciones legales.
“De materializarse el despojo de los bienes por parte de la MML, los funcionarios que participen de la realización de dichos actos y cualquier otro que los apoye, incurrirán en la comisión de una serie de ilícitos penales, adicionales al ya mencionado, respecto de los cuales Rutas de Lima tendrá el derecho de tomar acción, para proteger sus derechos”, señala.
“Instamos a vuestro despacho al cumplimiento de la Constitución, las leyes aplicables, el contrato de concesión y las órdenes contenidas en la medida cautelar dictada por el Tribunal Arbitral Internacional y, como consecuencia de ello, al cese y abstención de todo tipo de amenaza y/o acción en contra de Rutas de Lima y el contrato de concesión, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, el estado de derecho y el respeto de la institucionalidad”, agrega.
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Como se sabe, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ha venido dando una serie de declaraciones en las que insta a Rutas de Lima a entregar la administración de los peajes, luego de que forma unilateral la MML decidiera dar por concluido el contrato de concesión entre ambas partes, pese a que existía una medida cautelar por parte del Tribunal Arbitral Internacional ordenando que se suspenda dicho acto hasta que se diera por resuelto el tema de fondo de dicha controversia.
Dicha medida cautelar, según Rutas de Lima, impide cualquier intento por parte de la MML de iniciar un proceso judicial local u obtener una medida cautelar, “la cual será manifiestamente improcedente, ya que nuestro ordenamiento no permite que se dicten medidas cautelares fuera del arbitraje cuando la controversia deba ser resuelta en un arbitraje con sede en el extranjero y más aun cuando existe un Tribunal Arbitral constituido”.
“Estas responsabilidades atribuibles a la MML incluirán aquellas civiles, penales y administrativas que se den como consecuencia de las medidas que se vienen anunciando en contra del proyecto y podrán extenderse a todo funcionario que colabore o participe en cualquier medida con la realización de cualquier medida ilegal relacionada al despojo de los derechos de Rutas de Lima”.
La empresa precisa que se estaría atentando contra el artículo 139 de la Constitución el cual dispone que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional; conducta que constituiría además un ilícito tipificado en el artículo 410 del Código Penal sobre avocamiento ilegal de proceso en trámite.
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