Solo el 1% de jubilados de las AFP opta por una pensión: ¿por qué eligen otras alternativas?

Según un estudio de Cepal, ante la alta informalidad laboral, los peruanos solo realizan aportes durante el 36% de su trayectoria laboral. Debido a ello y a los salarios bajos, la pensión promedio de un afiliado a una AFP equivale a solo el 39% de su salario, por debajo del promedio de América Latina (67%) y de lo recomendado por la OCDE (70%). En esa línea, al cierre del 2021, solo el 51% de los adultos mayores en el Perú declaró que recibía una pensión (contributiva o no contributiva) en la vejez, una de las cifras más bajas de la región.

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Además, el sistema actual ha perdido su carácter previsional. Primero con el retiro del 95,5%, el del 25% para vivienda y luego con la aprobación masiva de retiros, sin criterios técnicos y en desfavor de los afiliados. Todo ello explica que haya millones de afiliados sin fondo de pensión. En este contexto, el IPE organizó esta semana el evento “¿Qué ley de reforma de pensiones necesitamos? Balance, oportunidades y riesgos”, buscando convocar a todos los actores relevantes.

A partir de las principales conclusiones del evento y con miras a la discusión que se viene dando en el Legislativo, una reforma previsional debe considerar, como mínimo, lo siguiente:

Revertir el 95,5%: desde que se aprobó el retiro con este tope, apenas el 1% de los afiliados opta por el pago de una pensión mensual. De acuerdo con una encuesta del BID, más de la mitad de los que retiran sus fondos los gastan a un ritmo mayor de lo que habría permitido una renta vitalicia y el 13% consume la totalidad de sus ahorros. Ello deja vulnerables a los jubilados, creando contingencias para sus familias –una encuesta de la SBS indica que el 39% espera recibir apoyo de hijos y familiares para su vejez– y el Estado.

Blindar al sistema de nuevos retiros extraordinarios: desde el 2020 se han aprobado seis retiros que han drenado S/87.937 millones de los ahorros previsionales. Con ello, 2,3 millones de personas se han quedado sin fondos y 5,1 millones tienen menos de S/4.950 (1 UIT del 2023). Con un nuevo retiro en el 2024, la cartera de ahorros administrada por las AFP caería a niveles de hace 13 años, según la SBS.

Garantizar pensiones mínimas: las bajas tasas de reemplazo en el Perú exigen ampliar el alcance de las pensiones no contributivas. La OCDE estima que ofrecer una pensión mínima universal equivalente a la canasta básica a todos los mayores de 65 años costaría alrededor del 1,6% del PBI y brindaría pensiones con una tasa de reemplazo del 40% a los jubilados que tuvieron salarios cercanos a la RMV. Una pensión mínima universal permitiría reducir las tasas de contribución para trabajadores de menores ingresos, reduciendo sus costos de formalización laboral.

Mayor competencia y flexibilidad: el sistema de pensiones se vería favorecido por el ingreso de más actores y la existencia de vehículos alternativos de ahorro previsional. Se requieren esquemas de aportes que incorporen la naturaleza intermitente de los ingresos de trabajadores informales o estacionales, reconociendo que el esquema actual de contribuciones es costoso para estos trabajadores. En esa línea, el Estado debería complementar los aportes de manera focalizada.

La ONP es financieramente insostenible: el envejecimiento poblacional creciente hace inviable el sistema de reparto. Según el Consejo Fiscal, el déficit actuarial –el valor de todas las futuras pensiones a pagar descontado de los ingresos de aportes– ascendió a casi S/180 mil millones o 20% del PBI en el 2023.

Se vienen debatiendo varios años una reforma de pensiones, necesaria y urgente, cuyo retraso en implementarse ha permitido que iniciativas populistas debiliten el sistema. Así, lejos de recuperar, modernizar y fortalecer el sistema de pensiones en favor de un sistema más inclusivo y que brinde mayor bienestar a los afiliados, pronto tal vez no haya un sistema que reformar. El Ejecutivo y el Congreso tienen la enorme oportunidad de liderar los consensos necesarios para aprobar una reforma en el corto plazo, que involucra un alto costo fiscal, pero que más costosa resultaría no hacerla.