Telefónica presentará una nueva solicitud de cese colectivo tras ser rechazada petición ante Ministerio de Trabajo

Luego que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declarara improcedente la solicitud del cese colectivo de 884 trabajadores, Telefónica iniciará un nuevo procedimiento cumpliendo los requisitos “tal y como la entidad laboral los interpreta”.

Según la operadora, el MTPE consideraba que su pedido de cese colectivo no cumplía con algunos requisitos de forma; es decir, asuntos que no guardaban relación con la razón de fondo.

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“Hemos decidido iniciar nuevamente el procedimiento de cese colectivo cumpliendo los requisitos tal y como el ministerio los interpreta, lo que nos permitirá sustentar un expediente sólido desde cualquier punto de vista. Esperamos que la autoridad laboral evalúe en esta ocasión las razones que justifican la reestructuración que estamos llevando adelante”, mencionó en un comunicado interno a sus colaboradores.

Asimismo, Telefónica señaló que, a la fecha, más de 250 trabajadores comprendidos en el cese colectivo se han acogido a este plan de retiro voluntario (PRV) que se mantiene vigente hasta el 15 de junio para los colaboradores interesados. “Nuestra voluntad para avanzar por la vía del diálogo con los sindicatos también continúa”, puntualizó.

También aseguró que su propósito es enfrentar los desafíos actuales para asegurar su sostenibilidad y relevancia en el mercado peruano.

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Recordemos que la empresa Telefónica desde el pasado 6 de abril inició un proceso de diálogo con las distintas organizaciones sindicales y trabajadores no sindicalizados con el propósito de encontrar alternativas de solución por motivos estructurales de la organización.

Esta situación parte como resultado de la transformación en el sector telecomunicaciones, acelerada por los distintos desarrollos tecnológicos.

En ese contexto, la transnacional sostuvo que para brindar la mejor alternativa a sus trabajadores anunció el despliegue de un plan de retiro voluntario que contempla incentivos económicos superiores al máximo que establece la ley, cobertura médica privada y un programa de transición laboral de seis meses. Todo ello en función de los años de trabajo y la fecha de nacimiento de los trabajadores.

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