"Nuestro país ha pasado por una transición demográfica en las últimas cinco décadas, la cual ha tenido como consecuencia el incremento de la población en edad activa", dice Correa. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
"Nuestro país ha pasado por una transición demográfica en las últimas cinco décadas, la cual ha tenido como consecuencia el incremento de la población en edad activa", dice Correa. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
Norma Correa Aste

Las movilizaciones de noviembre del 2020 posicionaron a la en la agenda pública peruana. Desde calles y celulares, una generación poco comprendida por los tomadores de decisiones hizo sentir su voz y planteó formas renovadas de incidir en asuntos públicos, en las que la tecnología y redes sociales tuvieron un rol protagónico. La denominada generación del bicentenario despertó interés, generó titulares y suscitó debates que fluctuaron desde el ámbito político al vinculado al marketing y consumo.

Los son casi un cuarto de la población total (24,9%) y constituyen la tercera parte de la población en edad de trabajar (INEI, 2018). A pesar de su importancia como motor de desarrollo, la prioridad efectiva otorgada a la juventud en la agenda pública peruana ha sido muy baja.

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Nuestro país ha pasado por una transición demográfica en las últimas cinco décadas, la cual ha tenido como consecuencia el incremento de la población en edad activa (14 a 59 años). Este fenómeno, conocido como bono demográfico, es una de las más importantes ventanas de oportunidad que tienen los países para impulsar el desarrollo económico y social. Nuestro bono demográfico terminará en el 2030, razón por la cual resulta indispensable recuperar el tiempo perdido.

Para ello se requiere colocar a la juventud como un asunto prioritario en las agendas de planificación e inversión. Más allá de declaraciones de buenas intenciones sobre la importancia de la juventud como motor de desarrollo, se requiere responder a las brechas y desigualdades que afectan a los jóvenes en aspectos como educación, empleo, acceso a la salud y participación política.

Por ejemplo, de acuerdo a un estudio realizado por la OCDE sobre bienestar y políticas de juventud en el Perú (2017), el empleo de los jóvenes adolece de una gran informalidad, bajos salarios y desajustes de cualificaciones. La informalidad y la baja calidad de la educación secundaria se encuentran entre los principales desafíos, lo cual afecta especialmente a jóvenes rurales en situación de pobreza, con bajo nivel educativo y con lengua materna indígena.

Situación de los jóvenes en el Perú. (Elaboración: Luis Huaitán)
Situación de los jóvenes en el Perú. (Elaboración: Luis Huaitán)

Por otro lado, se destaca el incremento del embarazo adolescente en la última década, el cual genera consecuencias a largo plazo en el bienestar y el acceso a oportunidades de las mujeres. A este escenario sumemos los impactos adversos generados por la pandemia del COVID-19. Adolescentes y jóvenes serán afectados por brechas educativas profundizadas por las limitaciones de la educación remota, impactos del confinamiento e incertidumbre en la salud mental, así como por el hecho que enfrentarán un mercado laboral muy desafiante marcado por el aumento del desempleo e informalidad.

Frente a estos retos, urgen acciones que garanticen intervenciones oportunas. Primero, es necesario posicionar la agenda de juventudes en la campaña electoral en curso. A la fecha, hemos escuchado poco o nada sobre propuestas para el cierre de brechas que afectan a los jóvenes. Salvo menciones puntuales, en su mayoría los planes de gobierno no plantean una visión de desarrollo integral dirigida a los jóvenes.

Segundo, durante el próximo quinquenio es indispensable promover soluciones para la empleabilidad, desarrollo de habilidades blandas y respuestas a las brechas de aprendizajes que afectarán a los miles de jóvenes que culminarán la educación secundaria entre los años 2020-2023. Aquí resulta clave construir sobre lo avanzado. El Perú cuenta con una Política Nacional de la Juventud aprobada en Setiembre 2019 que identifica la oferta existente de servicios, cuya implementación está pendiente y debería priorizar respuestas a los impactos de la pandemia en educación y empleo.

En el ámbito organizacional público y privado, es útil introducir un enfoque generacional para analizar si –y cómo– las inversiones existentes incorporan a los jóvenes e identificar ajustes para ampliar su participación. Por ejemplo, la mayoría de los programas de desarrollo productivo existentes en el Perú mantienen un enfoque adultocéntrico y no priorizan a los jóvenes como público objetivo.

Por otro lado, es preciso promover una representación diversa de los jóvenes en espacios de debate y deliberación. Además de promover la equidad de género, resulta imprescindible hacer mayores esfuerzos para ampliar la diversidad de trayectorias, orígenes, formaciones e ideas. Más que promover a figuras emblemáticas que hablen “por” los jóvenes, se requieren generar espacios de encuentro y escucha que, además de aportar a la generación de soluciones, contribuyan a disminuir los altos niveles de segregación de nuestra sociedad. El Acuerdo Nacional tiene la oportunidad de ampliar espacios para la representación juvenil –los cuales han sido limitados a lo largo de su historia–, y contribuir a mejorar la comprensión sobre los perfiles, necesidades y prioridades de los jóvenes entre líderes y tomadores de decisiones.

El próximo quinquenio es, para fines prácticos, nuestra última oportunidad para aprovechar el bono demográfico. El futuro del país se juega en nuestra capacidad de generar respuestas efectivas a las brechas económicas, sociales y políticas que afectan a los jóvenes. Que el interés por la juventud generado a fines del año pasado no sea un asunto pasajero y que se traduzca en políticas de juventud efectivas y mayores oportunidades para el reclutamiento de talento joven en el sector público y sector privado.

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