El pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo avanza en el Congreso. Este miércoles, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría el predictamen relacionado, con 13 votos a favor.
El texto, ahora dictamen, pasará al Pleno del Congreso para su debate y votación.
Cabe mencionar que la Comisión de Economía sesionará este jueves de forma extraordinaria. Este diario tomó conocimiento que el único punto a tratar será el predictamen que elaboró ese grupo sobre el pedido de facultades.
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De acuerdo al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, si ambos textos pasan al Pleno, se debatirá primero el de la Comisión de Constitución, al ser la “comisión dictaminadora principal”.
Minería e IR
El dictamen de Constitución no considera la propuesta del Ejecutivo para realizar modificaciones al régimen fiscal minero, con cambios en los tramos de márgenes operativos y aumento de tasas marginales. Tampoco se encuentra incluido el planteamiento de modificar las tasas del Impuesto a la Renta (IR) de primera y segunda categoría.
Si ambos aspectos no son aprobados por el Congreso, el Poder Ejecutivo tendría que presentar los proyectos de ley respectivos para que sean votados y aprobados este año, para tener un efecto en 2022, sostuvo Castilla.
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El exministro acotó que un incremento de la tasa impositiva en la minería podría afectar la competitividad del país, así como las inversiones en dicho sector. Además, el elevar las tasas del Impuesto a la Renta, como en los alquileres, podría conllevar a que se eleve el incumplimiento del pago del IR o podría trasladarse dicho aumento a los inquilinos de las viviendas o de los locales comerciales.
Y es que para Castilla el diagnóstico realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es acertado respecto a los problemas de incumplimiento y evasión tributaria, pero que ello no se resuelve con un incremento en las tasas del IR.
Asimismo, consideró que la propuesta de cambios en el régimen fiscal minero puede presentarse a través de un proyecto de ley, tomando en cuenta que el gobierno requiere mostrar transparencia en dicho aspecto y permitir una discusión abierta.
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“Lo que se requiere es transparencia y una discusión abierta, no de la forma como lo está planteando el MEF”, acotó.
De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, estas medidas deben ser analizadas con responsabilidad dentro del Parlamento.
Cabe recordar que el ministro de Economía, Pedro Francke, previo a la sesión de dicho grupo legislativo, indicó a través de Twitter que la minería genera “ganancias extraordinarias” debido a los altos precios de los minerales.
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Banco de la Nación
Castilla sostuvo que la propuesta no permite la posibilidad para que el Banco de la Nación actúe como un intermediario directo para las pequeñas y medianas empresas, ello debido a que la entidad estatal no cuenta con la capacidad técnica, tecnológica ni de evaluación de riesgo para asumir dicho aspecto.
Para el exministro, que la estatal bancaria tenga esa posibilidad conllevaría a que se generen contingencias fiscales. “Va a pasar lo mismo con lo que le pasa al banco agrario, que se toma más riesgo de lo permitido, esto significa que haya atrasos en la cartera y ante una eventual intervención de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), el gobierno tiene que capitalizar al banco agrario”, expresó.
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El dictamen recoge la posibilidad de que el Banco de la Nación pueda fortalecerse a través del aumento de su capital con hasta el 30% de las utilidades que genere en el año. Para ello, deberá solicitar al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) la autorización para este incremento de capital de forma periódica y el Fonafe apruebe el pedido.
Castilla explicó que ello puede ayudar al banco estatal en su fortalecimiento para trabajar como “oferta única bancaria” dentro de los sectores donde el sector privado no se encuentra. No obstante, explicó que este aspecto del aumento de capital podía aprobarse mediante un Decreto Supremo.
“Si se quiere capitalizar al Banco de la Nación, se puede hacer un Decreto Supremo en el MEF donde las utilidades que genera [el banco] se reinvierten en el propio banco y no retornan al Fonafe. No sé por qué lo tienen que elevar a una ley”, acotó.
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Embarcaciones
El dictamen sobre el pedido de facultades legislativas también plantea modificar la tasa del impuesto a las embarcaciones de recreo, pero que no implique elevar la tasa o alícuota vigente, así como establecer un sistema que reconozca la depreciación de este embarcaciones, considerando un porcentaje que no sea menor al 10%.
Walker Villanueva, socio de impuesto de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría abogados, explicó que actualmente se debe pagar un 5% de impuesto por las embarcaciones de recreo, pero dicho porcentaje es sobre el valor original del yate. “Si sacas 5% en 20 años, terminas pagando el valor de otro yate”, agregó.
Es por ello que, indicó el especialista, el objetivo de la propuesta es aplicar de forma efectiva el impuesto a las embarcaciones, pero de forma razonable. Es decir, sin elevar la tasa del 5% y que se tome en cuenta una depreciación anual a la base imponible de la embarcación, la que sería de 10%.
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“La idea, básicamente, es que este impuesto se ponga en funcionamiento, sea un impuesto real, porque hoy en día es un impuesto que está en la ley, pero nadie lo paga. [...] A partir del año 21 ya no hay base imponible, porque va a estar completamente depreciada [la embarcación], vas a pagar este impuesto por 20 años”, acotó.
Detalló que con el cambio, durante un periodo de 20 años se pagaría un rango de 19,25% y 27,5% del valor de la embarcación de recreo, dependiendo del porcentaje de depreciación.
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APP y Obras por Impuesto
Karen Ángeles, consejera del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, indicó que el pedido de facultades en materia de obras por asociación público-privada (APP), obras por impuesto (OxI), así como en inversión pública-privada apuntan a realizar cambios a corto y largo plazo.
En ese sentido, explicó que en el caso de APP se busca exceptuar, en los proyectos bajo esta modalidad, las licencias de habilitación urbana o de edificación con una regulación posterior. A ello, apuntó a que será importante conocer cuál será la reglamentación sobre el tema con el fin de evitar contingencias a futuro.
Asimismo, en el caso de OxI, resaltó que la propuesta es importante, debido a que las obras por impuesto básicamente son para proyectos de inversión, pero que el dictamen busca ampliar su alcance para los proyectos de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR).
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“Son intervenciones en obras de baja complejidad técnica, pero que son de necesidad urgente. Estos IOARR van a poder ser parte del alcance de proyectos de OxI, también los de emergencia nacional, y el mantenimiento y operación de proyectos”, explicó.
Apuntó a que estos cambios generarían mayores proyectos, considerando que también deberán de ir acompañados de una sostenibilidad en la capacidad de la entidad pública, lo que implicará una reorganización interna y la capacitación de funcionarios para tener los conocimientos para la ejecución de este tipo de proyectos.
Asimismo, Ángeles señaló que dictamen busca la agilización de procedimientos en la licencias, permisos y autorizaciones en los proyectos de inversión pública, pero para ello también se necesitarán “las personas capacitadas para llevar a cabo estos proyectos”. De lo contrario, ello generaría trabas burocráticas dentro de las entidades.
La experta añadió que la propuesta debería incorporar mecanismos de solución de controversias en las OxI con el objetivo de evitar contingencias en las obras, así como incluir la agilización de la licencia en materia arqueológica para dicha modalidad.
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Streaming
Castilla sostuvo que existe una obligación legal para gravar con el Impuesto General a las Ventas de los servicios digitales como los ‘streamings’, por lo que se tendría que determinar la forma del cobro del impuesto.
Añadió que no existen argumentos técnicos para exceptuar a estos servicios de ser gravados con el IGV. No obstante, esta propuesta fue retirada por la Comisión de Constitución durante el debate del texto este miércoles.
Y es que según Villanueva, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) estimó que pudo haber una recaudación potencial de US$184 millones en 2018, US$227 millones en 2019 y US$255,4 millones en 2020 por dichos servicios de Uber, Netflix, Apple, Spotify, Amazon, Google y Airbnb en los países de Bolivia, Perú, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
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Más datos
El ministro de Economía, Pedro Francke, aseguró que las medidas que planteó el Ejecutivo en el pedido de facultades generarían una recaudación de S/60.000 millones adicionales en 5 años, que podrían utilizarse para el cierre de brechas a través de la ejecución de 2.550 centros de salud, hospitales y de institutos especializados; 350 colegios; 50 comisarías; y 6.200 kilómetros de carreteras.
“También 1.700 proyectos de saneamiento rurales y urbanos, así como 1 500 proyectos en infraestructura de riego. Todo ello para mejorar los servicios, la economía y la calidad de vida de la población, y de los que más lo necesitan, especialmente en regiones”, agregó.
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