¿Por qué la repatriación de capitales faltó a su objetivo?

La amnistía tributaria es uno de los pilares de la reforma que el Ministerio de Economía (MEF) viene desarrollando desde los inicios de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Con esta iniciativa, el Gobierno esperaba incrementar la recaudación fiscal. Según la norma, las personas que se acogían a la amnistía estaban sujetas a una tasa impositiva del 10% sobre los bienes declarados, y de 7% siempre y cuando los activos sean repatriados e invertidos en el Perú.

Los resultados de este proceso, que concluyó el 29 de diciembre del año pasado, fueron dados a conocer por la Sunat esta semana. La entidad informó que el capital total acogido sumó S/12.410 millones, de los cuales solo el 28% (S/3.497 millones) fue repatriado. “[La amnistía tributaria] ha sido un fracaso sin ninguna duda, tanto en montos repatriados como en montos recaudados”, asegura Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat.

Esto porque en el último Marco Macroeconómico Multianual, el MEF había calculado que para el 2017 se recaudarían casi S/2.500 millones (0,35% del PBI). Además, este año la amnistía debería alcanzar el 0,22% del PBI (alrededor de S/1.500 millones). El dinero provendría de la regularización de los pagos que aún quedan pendientes de los años fiscales 2016 y 2017 (para los cuales no se cuentan con beneficios tributarios, pues la amnistía solo cubre hasta el año fiscal 2015), según Arturo Tuesta, socio líder del Área Tributaria de PwC.
En total, el ministerio previó un monto aproximado de S/4.000 millones (0,57% del PBI) entre el 2017 y el 2018, monto bastante lejano a los S/1.136 millones reportados hasta el momento.

VERSUS
Más allá de la “derrota” en el ámbito local, la amnistía tampoco tuvo un buen desempeño frente a otras realizadas en América Latina. “Los montos repatriados y recaudados versus Argentina o Chile fueron bastante menores en términos de PBI”, detalla. “Chile, por ejemplo, te daba la posibilidad de acogerte pagando [impuestos] sobre el valor del mercado [de los bienes]”, apunta Tuesta, quien añade que la amnistía en términos generales no fue un fracaso. “Hay algo que rescatar: hubo interés de transparentar”, señala. Sin embargo, resalta que el proceso tuvo fallas que han impedido el éxito total.

LOS PORQUÉS
El proceso no generó la combinación adecuada entre la confianza para declarar, la inversión en el mercado local y los factores de riesgo necesarios.

De hecho, fuentes de la banca privada aseguran que el Estado falló en incrementar la sensación de riesgo para los elusores. Esto, en el marco de un ingreso aún precoz al “club de los países ricos”, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Los inversionistas sentían, explica una fuente, que si habían pasado tanto tiempo sin ser detectados podían seguir así. Como la probabilidad de detección no se incrementó, los inversionistas optaron por no exponerse.

En esa misma línea, Arias critica la sobreprotección a las personas que decidieron acogerse al régimen. “La protección fue independiente al monto declarado, no estaba condicionada a una declaración veraz. Por ejemplo, si tengo US$50 millones afuera y declarando US$5 millones, estoy protegido porque no me van a fiscalizar; entonces solo declaro US$5 millones y no los US$50 millones”, detalla.

A pesar de ello, desde la banca se asegura que los inversionistas no terminaron de sentirse del todo convencidos de que la Sunat guardaría adecuadamente su información.

Además, la misma fuente resalta que otro de los factores que impidió el éxito total del régimen fue el miedo a una posible persecución a los inversionistas en un eventual cambio de gobierno.

“Hay que ver qué pasa con los que decidieron no acogerse”, agrega Tuesta.

En otro frente, la coyuntura política negativa que golpeó nuestro país en el último tramo del 2017 impactó, sin duda, en la amnistía, coinciden los especialistas. “Me llevé mi dinero para proteger mi patrimonio porque el Perú no era seguro. El gobierno da esta norma [amnistía], pero ahora resulta que quizá no tenga presidente. ‘Mejor no traigo nada’, pensaron algunos”, explica Tuesta.

Arias asegura que la incertidumbre política golpeó el último y más importante tramo del régimen. Sin embargo, resalta que aunque el pedido de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski y el indulto a Alberto Fujimori ocurrieron antes de la fecha final de la amnistía (29 de diciembre), los números presentados por la Sunat meses previos ya anunciaban cifras por debajo de lo proyectado.

Otro punto clave, resaltan los especialistas, es la simplicidad del proceso. A pesar de que la Sunat fue bastante proactiva, el sistema terminó siendo poco claro, y no permitía la deducción de gastos. Además, con los resultados obtenidos, Arias asegura que la amnistía tributaria no justificó la inversión en recursos humanos realizada por la Sunat, que hasta incluyó la creación de una gerencia de control dentro de la entidad.

Mirando hacia el futuro, considera que algunos de los inversionistas que decidieron declarar su patrimonio en el exterior, optarán por regresarlo al Perú. “Existen personas que ya consideran esta posibilidad, pero tomará tiempo”, concluye Tuesta.

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