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El último lunes, la Cámara de Diputados de Chile archivó dos proyectos de ley relacionados a nuevos retiros de los fondos de las cuentas individuales de pensiones de las AFP.
Un primer proyecto, presentado por el Congreso, buscaba permitir el retiro anticipado y masivo del 10% de los fondos. En oposición, el segundo proyecto -presentado por el Gobierno- estipulaba un retiro acotado con criterio de seguridad social.
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Esta segunda iniciativa contemplaba casos excepcionales en los que se autorizaría el acceso a los fondos, como el pago de pensiones alimenticias, afrontar deudas de salud o pago de hipoteca de una primera vivienda.
David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, explicó que la propuesta inicial del retiro universal no prosperó porque el Ejecutivo, ante la posibilidad de un retiro masivo, presentó un proyecto acotado que trataba de un retiro para solo tres situaciones: el pago de deudas bancarias vencidas o atrasadas, el pago de hipotecas y el caso de pensión alimentaria.
En cualquier caso, señaló Tuesta, no se justificaba la aprobación de un nuevo retiro. Sin embargo, para este caso, el Gobierno chileno buscó un punto intermedio para evitar efectos no solo sobre el ahorro previsional sino también para evitar que se genere más inflación.
“Paradójicamente, estas medidas, tanto en Chile como en Perú, se han propiciado basadas en que había un problema inflacionario, pero se pretende solucionarlo echándole gasolina, y en Chile lo entendieron”, anotó.
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Escenario base
Tuesta manifestó que en Chile el fondo de pensiones es mucho más grande comparado con el peruano.
“Antes de la pandemia, el nivel de ahorros previsionales de Chile se encontraba alrededor del 60% y 70% del su Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en Perú estaba en 30% del PBI”, dijo.
Asimismo, señaló que en el proceso de retiros que se permitieron durante el periodo de pandemia, en Chile retiraron un poco más del 10% del total del fondo, mientras que en Perú salió la tercera parte (cerca de S/ 66.000 millones de los ahorros para la jubilación de los afiliados).
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“La diferencia entre ambos fondos es que, para Chile, el fondo de donde salió solo el 10% es grande pero no es el más importante ya que tienen ahorro de otras vías y es un país más formalizado. Comparativamente, los cinco retiros que se permitió en el Perú ya eran bastante mayores que los que se presentaron en el vecino del sur”, señaló. Tuesta.
Pablo Lavado, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, anotó que en ninguno de los dos países los retiros se han enfocados en las familias más vulnerables. Sin embargo, en Chile, con una mayor tasa de formalidad, se han dado cuenta de que los retiros implican una destrucción del sistema previsional.
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“Los afiliados piensan que esto es justo porque asumen que las AFP cobran comisiones altas, pero no analizan el escenario en que no existieran y de cuánto serían las pensiones si estuvieran en un sistema solo público. Además, la tasa de formalidad en el Perú descendió durante la pandemia a alrededor de 23% y, de ese porcentaje, hay quienes no aportan a las AFP”, dijo.
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Responsabilidad
Para Tuesta, la diferencia entre la Cámara de Diputados chilena con el Congreso peruano es que en el país del sur han puesto un límite y se ve una clase política más responsable y desarrollada, que intenta entender lo que les manifiestan sus principales instituciones.
Así, señaló que en el Perú no se han considerado las opiniones y recomendaciones de quienes en el camino han informado que los retiros no son buenos como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se presentó en la Comisión de Economía, a las calificadoras de riesgo, los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“En cambio, en la cámara chilena se les advirtió que habría mayor inflación, que generaría problemas, y no se lograron los votos. En cambio, el gran drama que tiene el Perú es que su clase política no tiene esa madurez para entender cuando los expertos les manifiestan qué es lo que se tiene que hacer, hay un desprecio hacia los expertos”, puntualizó Tuesta.
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Para Lavado, el Congreso empuja una iniciativa desvinculada de lo que realmente debería estar buscando, que son medidas para mitigar el impacto económico de la complicada situación internacional y nacional.
El economista explicó que un sexto retiro está equivocado por tres razones: desnaturaliza el concepto de los fondos de pensiones que tienen como objetivo el ahorro; no se enfoca en las familias vulnerables ya que con cada retiro el porcentaje de beneficiados ha ido disminuyendo, quedando los que más fondos tienen; y el costo fiscal para el Estado que va a implicar en el futuro.
“Es una medida populista, desnaturalizada, con un costo fiscal enorme y, finalmente, los congresistas que la proponen no entienden lo que implica construir un sistema previsional”, anotó.
