Entre las medidas del plan Impulso Perú del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra la que busca implementar un incentivo económico para que las empresas contraten en planilla a trabajadores entre los 18 y 29 años, cuyos ingresos no superen los S/1.600.
La medida tendría un costo de S/300 millones y los incentivos serían de entre 17,5% y 55% del salario. Esto dependerá del plazo de contrato y género del trabajador, ya que priorizará el empleo femenino.
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“Será un subsidio a la creación de empleo, focalizado en los trabajadores jóvenes y condicionado a capacitación. Queremos ponerle algunos temas de género, tomando en cuenta que la pandemia ha generado efectos desiguales”, explicó Alex Contreras, viceministro de Economía, durante la presentación del referido plan.
César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz, señaló que en el pasado se planteó una norma similar que no tuvo el efecto esperado y esto obedece a que no se está abarcando la situación de manera integral.
“Con una economía que no crece y la inversión privada tan baja, ¿de qué sirve crear incentivos para la contratación de jóvenes si no se crean más puestos de trabajo?”, dijo.
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Para el profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, el impacto de esta medida podría ser mínimo, ya que está enfocada en empresas formales, que son el 20% del total de negocios en el Perú. Asimismo, se orienta a las micro y medianas empresas, por lo que el ámbito de aplicación sería bastante reducido.
Por otro lado, Katy Noriega, asociada principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, resaltó que la medida se encuentra bien segmentada y, si bien nadie puede estar en desacuerdo con iniciativas que procuran acelerar el cierre de brechas estructurales, en nuestro país aún existen limitaciones para que esto genere, por sí solo, la reducción de la informalidad.
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Puntriano anotó que la medida se debe analizar desde el contexto en el que se emite y tomando en cuenta los antecedentes respecto a otros programas similares que se ha implementadoanteriormente.
Tanto Puntriano como Noriega recordaron que en el 2020 se emitió un decreto de urgencia que buscaba favorecer las contrataciones juveniles que, finalmente, no generó un gran impacto en la reducción de la informalidad.
“Se habla de un subsidio sobre los ingresos, pero las empresas no están motivadas a contratar en planilla cuando las reglas para el despido o la extensión del vínculo laboral son rígidas”, anotó Puntriano.
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Mercado pospandemia
Casas advirtió que el mercado laboral aún no se recupera a niveles prepandemia.
Para Noriega, una de las características de la realidad pospandemia es que se ha abierto espacio a la flexibilidad para el trabajo remoto o mixto, y se busca a los trabajadores que puedan adaptarse a este nuevo esquema.
Otro punto importante de la realidad pospandemia, resaltó, es que las empresas han pasado por una reestructuración al tener que trabajar con menor personal.
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Muchas empresas ya no están, otras se mantienen pero no quieren crecer y otras no se animan a invertir, esta expectativa se debe a que el gobierno aún no da las herramientas necesarias para permitir seguridad en inversión y generar estabilidad, por lo que la contratación está contenida, subrayó.
Tipo de empresas
Noriega apuntó que las Mypes son el sector que concentra el porcentaje más alto de trabajo en el país y que mueve la economía, así, los jóvenes se ubican en ese ámbito y una regla es que las personas más jóvenes tienden a no estar preparadas o no tener experiencia y eso implica que sea sinónimo de salarios reducidos o condiciones de trabajo desfavorables o informales